El documento aprobado establece las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y plantea "la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual le transferirán facultades que hoy están concentradas en la secretaría de Gobernación", encargada de la política interior, dice el dictamen.
Las atribuciones de la nueva cartera serán: "seguridad, protección civil, reconstrucción del tejido social e inteligencia vinculada al comportamiento delictivo", según el dictamen.
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La nueva oficina del Ejecutivo tendrá bajo su mando el Centro Nacional de Inteligencia, que reemplaza al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, inteligencia política), que desde principios del siglo XX ha estado bajo la responsabilidad de la cartera de Gobernación (Interior).
La primera cartera de Seguridad Pública en el gabinete presidencial fue creada por el presidente Vicente Fox (2000-2006), que puso fin a siete décadas de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en cuyo gobierno el mismo Durazo ocupó el cargo de secretario particular de la presidencia y portavoz del mandatario.
Sin embargo, el actual presidente Enrique Peña Nieto logró el regreso del PRI a la presidencia en 2012 y decidió disolver esa secretaría de Estado, trasladando de nuevo sus funciones a Gobernación, en manos de Miguel Ángel Osorio Chong, titular del gabinete de Seguridad Nacional que integran mandos policiales y militares.
El problema de la inseguridad es el más agudo del país, luego de que el Gobierno de Peña Nieto termina con más de 150.000 homicidios, mucho más que las 121.000 ejecuciones ocurridas durante los seis años del expresidente Felipe Calderón, quien decretó la llamada "guerra contra el narcotráfico", que en una década pasó de enfrentar a unas 20 grandes organizaciones criminales a más de 200 actualmente.
Bajo acoso militar, las mafias criminales no solo se fragmentaron, sino que expandieron sus negocios del narcotráfico a los secuestros, las extorsiones y la trata de personas y migrantes indocumentados.
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Calderón concentró las operaciones militares para atrapar a los grandes capos, mientras que Peña Nieto apostó a más acciones de espionaje y los 50 municipios más violentos, pero ambos fracasaron, y los expertos coinciden en que será la prueba de fuego del nuevo Gobierno.
