El documento, hecho público este 8 de noviembre, recoge hasta 16.700 quejas por retrasos o cancelaciones en 2017 registradas por la Agencia española de Seguridad Aérea.
El estudio analiza la situación de 10 de los 28 países miembro de la Unión y contempla solamente las reclamaciones presentadas a la Agencia de Seguridad Aérea, no las interpuestas a las aerolíneas, por lo que las cifras podían ser sustancialmente mayores.
Los autores del informe subrayan que aunque la normativa comunitaria de derechos de los usuarios está "bien desarrollada", su difusión es deficiente y "con frecuencia los pasajeros no son conscientes de sus derechos y les falta información práctica sobre cómo ejercerlos", por lo que pide darlos a conocer con más "coherencia, claridad y eficacia".
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Además, plantean la necesidad de atribuir "más competencias a los organismos nacionales competentes y reforzar el mandato de la Comisión Europea" para que los usuarios no tengan así que "luchar" para hacer respetar sus derechos.
