Esta resolución parlamentaria en la que se reprueba al Rey de España, Felipe VI, y se pide la abolición de la monarquía, aprobada el pasado 11 de octubre, supone a juicio del Gobierno central "la continuación en esta legislatura de la sustitución en Cataluña del régimen constitucional de 1978 por una República catalana".
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El objetivo de la resolución, sostiene el escrito, del que publica fragmentos este 9 de noviembre el medio El Español, es "subvertir el orden constitucional" introduciendo en el ordenamiento jurídico un objeto específico "con apariencia de validez" que se encamina a la creación de un Estado catalán independiente en forma de República.
"Reafirmar, en el Parlamento de Cataluña, se vincula al conjunto de actos adoptados por esa cámara desde el año 2013 hasta la actualidad en orden a la secesión de manera unilateral de Cataluña de España, con la creación de una República independiente, sin seguir los procedimientos establecidos para ello", aclara.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez valora que la resolución "implica la llamada a una nueva activación por los poderes públicos de Cataluña de un procedimiento, el denominado 'procés', respecto del cual el Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse, apreciando su inconstitucionalidad."
"Si ningún inconveniente suscitaría que esas expresiones fueran adoptadas por los representantes de los diferentes grupos parlamentarios en el uso de su legítima actuación política, no sucede lo mismo cuando se conforma la voluntad de la Cámara con una resolución que expresa una reprobación respeto de una alegada actuación del Rey, para lo que dicha Cámara carece de competencia", explica el texto de la impugnación.
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