"Las inversiones mineras chinas no son muy distintas a otras extranjeras en Perú en cuanto a sus políticas, pero digamos que causan más perjuicio porque hacen más (…) No olvidemos que China es el primer socio comercial de Perú en el mundo", afirmó la activista.
La instancia formó parte del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU que tuvo lugar el 6 de noviembre en la ciudad suiza de Ginebra, y que evaluó a China y a otros 13 estados miembros del organismo.
El EPU es un mecanismo del Consejo de DDHH de la ONU por el cual se revisa periódicamente el estado de los derechos humanos en los países miembros de Naciones Unidas.
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El informe presentado por la sociedad civil peruana contiene toda una documentación de casos de violaciones de derechos humanos de parte de cuatro empresas mineras chinas instaladas en el país sudamericano, así como recomendaciones para que el Estado chino las implemente dentro de sus políticas de inversiones en el extranjero.
Las cuatro empresas denunciadas en este informe son: Shougang Hierro Perú, que opera en el asentamiento de Marcona, departamento de Ica (centro); Minerals And Metals Group (MMG), que opera en el asentamiento Las Bambas, departamento de Apurímac (sur); Chinalco, que opera en el asentamiento Toromocho, departamento de Junín (centro) y Zijin Mining, que busca iniciar operaciones en el asentamiento de Río Blanco, departamento de Piura (norte).
El documento incluye el homicidio de cuatro pobladores durante una protesta contra la contaminación ambiental causada por la minera MMG en 2015, caso que fue llevado a inicios de octubre al Palacio de la ONU en Ginebra.
Examen Periódico Universal
Las organizaciones peruanas conversaron con las comisiones permanentes de DDHH que tienen los países miembros de la ONU, para que incluyan las sugerencias contenidas en el informe en las recomendaciones que iban a realizar al Estado chino durante el EPU.
Cuadros aseguró que, producto de este examen, "al menos cuatro estados de la ONU recomendaron a China mejorar sus obligaciones extraterritoriales, así como elevar sus estándares en DDHH, hacer debida diligencia e implementar un marco fuerte para que sus empresas no violen derechos en otros países".
La información presentada dará lugar a un documento de compromiso del Estado chino para la vigilancia de los DDHH; sin embargo, durante el examen China adelantó que aceptará "sólo aquellas recomendaciones que estén dentro de su marco nacional de DDHH y desarrollo", algo que, a consideración de la representante de Cooperacción, no es muy alentador.
"Nosotros esperamos que puedan recoger nuestras recomendaciones porque en países como el Perú, donde China es el mayor socio comercial, creemos que existen motivos suficientes para tomar todas las acciones que sean necesarias para prevenir la violación de derechos", sostuvo Cuadros.
Ahora resta que el Estado chino pueda ajustar positivamente sus políticas en sus inversiones mineras, que en Perú son todas estatales, y se mejoren las condiciones para las poblaciones menos favorecidas de un país que destina 26% de sus exportaciones, mayormente extractivas, al gigante asiático.
