De acuerdo a un reporte del diario El Comercio, la fiscal Marcelita Gutiérrez se encargó de presentar la denuncia contra el exmandatario en una resolución dirigida al Primer Juzgado Penal Nacional.
Se les acusa de ser presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud seguidas de muerte en agravio de una decena de mujeres.
La esterilización forzada fue una política de control de la natalidad ejecutada por el Minsa durante el Gobierno de Fujimori.
Según cálculos hechos por una comisión investigadora del Congreso en 2002, más de 300.000 mujeres fueron sometidas a tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva en contra de su voluntad.
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Esta política tuvo como víctimas a mujeres de bajos recursos, muchas de ellas analfabetas o quechuahablantes que residían en las zonas deprimidas de los Andes.
