"Se trata de un Tribunal de Ajuste de Cuentas. La sentencia es una venganza que busca castigarnos. Van a saco contra las personas que fuimos responsables de la organización de la consulta", explicó el exmandatario en una rueda de prensa.
Esta consulta se produjo tres años antes del referéndum del 1 de octubre.
El Tribunal condena a Artur Mas a pagar 4,9 millones de euros; a la exvicepresidenta Joana Ortega a pagar 865.674 euros, al exconsejero de Presidencia y portavoz Francesc Homs a 1.979.063 euros y a la exconsejera de Educación Irene Rigau a pagar 2.800.735 euros, por la cesión de colegios para la consulta.
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Mas recordó que la jueza que firma la sentencia tiene un pasado "como ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar".
El expresidente agradeció también a los partidos y a las organizaciones civiles que emprendieron campañas para recolectar dinero y poder hacer frente a las sanciones.
"Si alguien piensa que bajaremos los brazos, que nos desmoralizarán, se equivocan. Tenemos suficiente firmeza para afrontar este perjuicio y mostrarnos cercanos hacia quienes están encausados por el 1 de octubre", afirmó Mas.
En la consulta del 9 de noviembre, denominado "proceso participativo", participaron más de 2,3 millones de personas que respondían a esta pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?".
La participación rozó el 40% y el 80% de los participantes votaron "sí".