"La decisión de la Corte confirma el papel clave del Poder Judicial como un ente independiente, capaz de garantizar los derechos humanos, y envía un poderoso mensaje en contra de la militarización de la política de seguridad", dijo Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH que encabeza Michelle Bachelet, expresidenta chilena.
"En cambio, las personas en México han sufrido violaciones a sus derechos humanos y abusos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas", denunció el representante en México del organismo mundial, que tiene una oficina permanente en el país desde 2002.
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Diez de los once Ministros de la SCJN, con excepción del ponente de la ley descalificada, se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 20 de diciembre de 2017, en el marco de una larga y tenaz resistencia de una amplia red de organizaciones de la sociedad civil.