"Tomando en consideración que la Suprema Corte dictaminó que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no debe ser permanente, el Estado debería adoptar un plan que garantice su retiro gradual, ordenado y verificable de las funciones que no les son propias", dijo el funcionario Jan Jarab, representante en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
"Hasta que este retiro [de los militares] sea completo, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando de las autoridades civiles", plantea la postura oficial del organismo.
Asimismo, exige que ese retiro sea llevado a cabo, "en todo momento, con pleno respeto de los derechos humanos, garantizando medidas de rendición de cuentas efectivas e independientes", puntualizó el representante Jarab.
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La Corte Suprema dictaminó que la Ley de Seguridad Interior emplea "indebidamente" los conceptos de seguridad nacional, pública e interior, entre otros.
Ley viola derecho internacional
La oficina del Alto Comisionado coincidió con la Corte Suprema en que "la ley infringía las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos" y que no proveía certidumbre.
El Alto Comisionado también reconoció a los actores que se opusieron a la adopción de la ley, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ambos entes autónomos del Estado, el mecanismo de procedimientos especiales de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, las organizaciones de la sociedad civil mexicana.
Un día antes del dictamen, Jarab expresó a los ministros de la Corte Suprema su rechazo a esa ley que "lesiona los derechos humanos y fortalece el statu quo, que ha demostrado su ineficacia para proveer seguridad y tutelar los derechos fundamentales de la población".
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López Obrador explicó que el país solo cuenta con la Policía Federal y la Policía Ministerial para combatir a la delincuencia, y con las descompuestas policías estatales y municipales.
Por otro lado, explicó otra opción: "buscar el apoyo, el respaldo de las fuerzas armadas", para crear una Guardia Nacional militarizada.
"Eran dos opciones, al final de cuentas la política siempre es optar entre inconvenientes y tiene uno que tomar decisiones, decidimos apoyarnos en las fuerzas armadas" anunció López Obrador.
La propuesta ya fue rechazada por la misma red defensores de derechos humanos que luchó contra la ley impulsada por el presidente saliente Enrique Peña Nieto como una continuación de la militarización de la seguridad pública.