"La Vicepresidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitan a la Superintendencia a que adelante todas las actuaciones pertinentes para sancionar a las empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht", señaló la Vicepresidencia en un comunicado.
El Gobierno colombiano justificó la iniciativa en el hecho de que "la sociedad Odebrecht S.A. ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública".
"Este es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la Nación, el cual ha causado un grave detrimento en las finanzas públicas y ha sido el origen de graves daños a la ética pública", destacó la Vicepresidencia.
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Odebrecht propuso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a otras entidades colombianas la celebración de un Acuerdo de Reparación Integral, mediante el cual la multinacional ofrece una compensación económica por los perjuicios generados a cambio de que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a tener contratos estatales.
Sin embargo, el Gobierno colombiano sostiene que "aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos".
La constructora brasileña volvió a agitar las aguas en Colombia luego de que hace dos semanas uno de los testigos clave en el proceso murió por un infarto y dos días después uno de sus hijos falleció envenenado con cianuro al tomar un agua saborizada que estaba en el despacho de su padre.
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