"El Gobierno Nacional reavivó la relación con las nacionalidades y pueblos indígenas, la cual se había deteriorado notablemente en la administración anterior (…) Esto no se puede volver a repetir, tanto más cuando son parte sustancial de nuestro Plan Toda Una Vida", dijo Moreno a la relatora.
Durante su misión en el país, que se extenderá hasta el 29 de estes mes, la relatora mantendrá reuniones con líderes y organizaciones indígenas para constatar el cumplimiento de los derechos y normativas internacionales.
El martes Tauli-Corpuz se reunió con más de 10 representantes de organizaciones de derechos humanos, ambientales y académicas que le refirieron desalojos llevados a cabo para dejar paso a proyectos mineros en el suroeste y el norte del país.
Temas relacionados: Presidente de Ecuador anuncia que cederá edificio de Unasur a universidad indígena
En esa reunión, Pamela Chiriboga, del equipo jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), habló sobre la criminalización de la protesta social de los pueblos indígenas que se resisten a actividades extractivas.
Chiriboga dijo que alrededor de 700 defensores de derechos humanos han sido criminalizados en el país.