"Comenzamos a investigar si la botella tiene algún rastro genético (huellas dactilares), desde el comienzo solamente se hicieron los estudios químicos (ADN)", dijo el director del estatal Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdés, a la emisora RCN Radio.
"La detección arrojó positivo para ADN masculino porque se encontró cromosoma Y", dijo Valdés respecto de los hallazgos en la botella.
Sin embargo, se desconoce si Pizano llevó la botella a su despacho antes de morir, donde la tomó su hijo Alejandro Pizano, quien tras beber de ella murió envenenado.
El pasado fin de semana las autoridades hallaron un tarro con cianuro en uno de los baños de la casa de Pizano, pero desconocen si fue él quien lo compró y guardó ahí para cometer suicidio o si se trató de un crimen perpetrado por un tercero.
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Voces de varios sectores consideran que la muerte de Jorge Enrique Pizano fue un homicidio, ya que había denunciado ante periodistas que temía por su vida y que buscaba ser acogido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) como testigo protegido en el caso de corrupción de Odebrecht en Colombia.
Pizano había advertido desde 2012 las irregularidades en la contratación con la multinacional brasileña, luego de que se desconocían los destinatarios de pagos por 20.000 millones de pesos (6,4 millones de dólares).
El hombre advirtió en 2015 de tales sobornos a Néstor Humberto Martínez, actual fiscal general de Colombia y quien entonces fungía como abogado de la firma Corficolombiana.
Martínez no denunció los hechos que le relató Pizano y tampoco tomó acciones cuando asumió como fiscal general, solo hasta después de que el FBI revelara la trama de sobornos en 12 países de América Latina y África a comienzos de 2017.
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Pizano dijo además a los periodistas que buscaban enlodarlo en una investigación que contra él desarrollaba la fiscalía y que al parecer fue reabierta por órdenes de Martínez.
Las muertes de Alejandro y Jorge Enrique Pizano prometen la apertura de un nuevo capítulo en el caso de corrupción de Odebrecht, que habría pagado hasta 84.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares) en sobornos para beneficiarse con la adjudicación de millonarios contratos de obras colombianas de infraestructura.
Mientras tanto, políticos de distintos sectores sostienen que Martínez tiene un conflicto de interés para investigar este caso y que por ello debe renunciar a su cargo.
