"Durante los últimos cinco o seis meses hemos estado recibiendo gente desplazada por la violencia de dos estados específicos, Michoacán y Guerrero, que están viniendo a la zona fronteriza a pedir asilo a los Estados Unidos", dijo a Sputnik José María García, director de la asociación civil Juventud 2000.
García explicó a Sputnik que esta población mexicana desplazada, así como los mexicanos deportados de Estados Unidos que también son muchas en Baja California, no son prioridad del Gobierno mexicano. Esto se refleja en el escaso aporte económico que el Gobierno brinda a los estados para atender a grandes cantidades de gente que, en muchos casos, llega totalmente desamparada.
"Día tras día hemos estado atendiendo a más de 100 personas, que van llegando esporádicamente. Si bien nuestros migrantes siempre han salido por pobreza o desigualdad, ahora están saliendo por la violencia", dijo García a Sputnik.
"Hay que ser la voz de esta comunidad para que el Gobierno mexicano atienda lo que está sucediendo con los gobernantes locales, [y las causas por las] que estas personas están siendo expulsadas de sus tierras de forma violenta", agregó.
"EEUU empezó a recibir 10, 15 o 20 personas cada día cuando a los albergues llegan 50 o 100, lo que aumentó el número de gente en los diferentes albergues y se hizo complicado atender gente de otras comunidades, aparte de los mexicanos", explicó.
Aunque la mayor parte de la vigilancia parece estar a cargo de las autoridades migratorias estadounidenses. Hay helicópteros de la CBP que vuelan constantemente sobre el campamento migrante, de día y de noche, ocasionando un ruido ensordecedor, que fue patente durante toda la entrevista que Sputnik tuvo con García, que tiene su oficina viendo hacia el muro fronterizo y a una cuadra de "la esquina más peligrosa de México", en Constitución y Baja California.
"Baja California recibe del Gobierno un recurso económico que se maneja para las zonas fronterizas y algunos estados receptores de nuestros deportados [mexicanos] que es de 300 millones de pesos al año [unos 14 millones de dólares]".
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Pero, señaló García, "nuestra comunidad que vive y reside en EEUU aporta una cantidad anual de entre 28 millones de dólares que entran al país como remesas", explicó. Es por eso que junto a otras organizaciones civiles fronterizas presentaron un proyecto al Congreso mexicano para crear un "fondo de migralidad" de 3.000 millones de pesos (150 millones de dólares) para atender estas eventualidades: a los migrantes internacionales, a los deportados (50.000 mexicanos por Tijuana, en lo que va del 2018) y a los desplazados internos mexicanos.
