"La tortura sexual ejercida contra mujeres bajo custodia de las distintas fuerzas de seguridad mexicanas en el marco de la política fallida de seguridad militarizada no es excepcional, sino que ocurre con preocupante regularidad", advirtió la ONG en la presentación del informe "Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado".
Agregó que "dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que alientan o permiten su comisión".
La organización dijo que en cuatro años se tuvo información de 110 mujeres procesadas que dijeron ser víctimas de violencia sexual estando detenidas y aseguró que agentes de la PGR participaron en encubrimientos o en los incidentes.
"A la PGR se le recomienda realizar en un plazo razonable las investigaciones correspondientes e identificar a los responsables de los actos de tortura documentados en este informe identificando patrones y responsabilidades de los superiores jerárquicos", dijo el Centro.
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Los casos documentados tuvieron lugar en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, añadió.
