"Nosotros pedimos que vinieran ellos, porque queríamos asegurarnos que hubiese diferentes apreciaciones sobre un mismo hecho, pero desafortunadamente ellos no nos buscaron al venir, no nos contactaron nunca, vinieron ya con una visión sesgada a Nicaragua", dijo Amador, integrante de la oficialista Comisión de la Verdad.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.
Las autoridades aseguran que el GIEI está sesgado y lo acusan de alterar las cifras de víctimas fatales, repitiendo nombres, de referir muertos sin ninguna identificación y de incluir datos de personas que perecieron de muerte natural.
El reporte del GIEI indica que entre abril y julio 320 personas murieron en la violencia política y unas 2.000 resultaron heridas.
Por su parte, la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos sostiene que entre el 19 de abril y el 20 de este mes fallecieron 545 personas.
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Amador y el vicerrector general de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Javier López, expusieron a Sputnik el más reciente informe de la Comisión de la Verdad en la sede del parlamento en Managua.
El documento asegura que en las protestas fallecieron 269 personas, la mayoría identificados como "obreros" o trabajadores independientes, y no estudiantes, como asegura la oposición.
"Los estudiantes, que fue una connotación que se dio, y que todo esto era de estudiantes de universidad y secundaria, pero los fallecidos de ese sector son bastante bajos, son ocho, y se habló de muertos y heridos que nunca hubo, había una confusión terrible", dijo Amador.
"Al menos 150 personas perdieron la vida por los bloqueos de vías impuestos en el país y 27 por fuego cruzado", expuso.
López llamó a las personas que tengan quejas de abuso de poder contra los cuerpos de seguridad del Estado, a denunciarlas ante la comisión, pues sostuvo que hasta el momento solo recibieron una.
"Lo que ocurre es que las víctimas que acuden a las sedes policiales, o a formalizar denuncias, son solo las que tienen una afinidad con el Gobierno, las otras no acuden porque acusan al Gobierno de todo y ven a los cuerpos de seguridad como sus enemigos", admitió.
En cuanto a los detenidos, López aseguró que hay cerca de 300.
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"Actualmente, tenemos 273 detenidos procesados, y hay varios que están en proceso de investigación, podrían ser 300 en total; ellos dicen que los secuestró la policía, o que están con rumbo desconocido, pero no están desaparecidos ni secuestrados, están detenidos, la policía no secuestra, la policía los detiene", dijo.
Los opositores "no pueden dialogar exigiendo la renuncia del presidente Daniel Ortega, porque eso no fue un diálogo, era una especie de imposición, pero la reconciliación es necesaria porque hay un grupo que tiene miedo de ser detenido y otro grupo que tiene miedo de ser agredido y debemos retomar el camino de la paz", sostuvo.
López y Amador aseguraron que hasta el momento ni la Comisión ni la Asamblea tienen conocimiento de que exista un proyecto de ley de reconciliación nacional.
Nicaragua vive desde el 18 de abril pasado una crisis marcada por masivas protestas opositoras que derivaron en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que dejaron cientos de muertos y detenidos.
