"Van a haber condenas, pero no va a haber justicia; habrá condenas sobre los sicarios, la parte operativa que ejecutó el asesinato, sin embargo se absolverá a las personas vinculadas con DESA, para poder salvaguardar la imagen de la empresa", dijo Alachán, integrante del equipo que representa a la familia de la víctima.
Días antes de ser asesinada, Cáceres realizó denuncias relacionadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
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La Sala I del Tribunal de Sentencia de Honduras convocó para este 29 de noviembre a las 16:00 hora local (22:00 GMT) el fallo del primer juicio por el asesinato de la activista.
Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a balazos mientras estaba en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
Irregularidades
La familia de la activista y el Copinh han denunciado reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal, al que consideran falto de imparcialidad.
Nueve personas se encuentran en detención preventiva por el asesinato, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.
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Entre estas personas se encuentra el expresidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, aunque el proceso contra él se lleva por separado.
La abogada dijo además que también tiene conocimiento "de que hay un supuesto proceso de investigación sobre uno de los Atala, entonces no pueden condenar a Sergio, porque esto permitiría la judicialización de otras personas que estén más arriba en la estructura criminal en esta figura de asociación ilícita que configuró DESA".
"Sin embargo, frente al complejo escenario que vive Honduras, existe también la posibilidad de que haya condenas, incluso sobre todas las personas procesadas, pero como un mecanismo para callar y deslegitimar el reclamo de justicia, y evitar que la familia y el Copinh continúen exigiendo justicia a otros niveles de autoría. Es decir, para asegurar que la justicia no llegue a la familia Atala Zablah y evidencie que realmente DESA es una estructura criminal", señaló la abogada.
La familia Cáceres no solo responsabiliza a DESA del asesinato, sino también al Estado hondureño.
