"No hemos concedido el pedido de asilo, entre otras cosas, por los elementos jurídicos mencionados y también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado", dijo el presidente uruguayo en una rueda de prensa.
El presidente también informó que tuvieron en cuenta para decidir sobre si dar o no el asilo la información enviada por el Gobierno de Perú.
"Más de 1.000 hojas que tuvimos que leer y estudiar, así como las cartas enviadas por los abogados de Alan García y por el propio expresidente peruano, dejamos de lado toda información de organizaciones no gubernamentales, de instituciones de derechos humanos, de dirigentes políticos", indicó Vázquez.
En la carta dirigida al Gobierno uruguayo García solicitaba el asilo político argumentando que estaba siendo víctima de persecución política.
Además, Nin Novoa informó que el Gobierno de Uruguay solicitó al expresidente peruano que se retire de su Embajada en Lima luego de negarle el asilo diplomático que solicitó.
"El Gobierno de Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente, en consecuencia se ha instruido al embajador de Uruguay en Perú [Carlos Barros], hemos hablado con el canciller de Perú [Néstor Popolizio], para que invite al señor Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática", indicó el ministro.
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Más tarde, el canciller peruano, Néstor Popolizio, aseguró que Alan García ya abandonó la Embajada de Uruguay en Lima.
El canciller peruano consideró que la decisión tomada por el presidente Vázquez es "incontrastable" sobre la existencia en Perú del Estado de derecho, el debido proceso judicial y la división de poderes del Estado.
"[La decisión del Uruguay] es una ratificación de todos estos aspectos, pero también creo que esto preserva las buenas relaciones del Perú con el Uruguay", dijo el canciller, consigna la radio local RPP.
El exmandatario es investigado por la Fiscalía peruana por presuntamente haber recibido sobornos por cerca de ocho millones de dólares de la empresa brasilleña Odebrecht por la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Asimismo, se le imputa presunto lavado de activos por pagos ilícitos por conceptos de conferencias dictadas para Odebrecht y socios empresariales brasileños en 2012, que habrían sido actividades de fachada para el lavado de fondos ilícitos.
