De acuerdo con un comunicado emitido por la Correpi, las situaciones en las que se permite el uso de armas a través de la resolución "son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas".
A partir de hoy, por ejemplo, un agente puede disparar cuando un individuo "se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves". De esta manera, el Gobierno legaliza la 'doctrina Chocobar', llamada así en relación a un episodio ocurrido en Buenos Aires en diciembre de 2017.
En ese entonces, el agente Luis Chocobar mató por la espalda a Pablo Kukoc, un joven que atacó y robó a un turista en el barrio de La Boca junto a otro muchacho. Cuando el policía llegó al lugar, el asalto ya se había producido y los agresores corrían perseguidos por tres vecinos del barrio.
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Sin embargo, recibió el apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, e incluso se reunió con el presidente Mauricio Macri. Según explicó a Sputnik María del Carmen Verdú, titular de la Correpi, a partir de ese momento "se conformó una legitimación extraoficial del gatillo fácil como política de Estado pública, promovida por el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales".
"Con esta resolución se le da directamente estatus legal, porque se deja sin efecto toda la reglamentación preexistente, que establecía límites al uso de un arma de fuego por parte de un miembro de las Fuerzas de Seguridad federales", alertó Verdú.
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En su discurso, la ministra de Seguridad venía manifestándose a favor del cambio de doctrina, giro que fue criticado por la Correpi y otras organizaciones de la sociedad civil. Además, hace algunas semanas, manifestó que "Argentina es un país", y que "el que quiere estar armado, que ande armado y el que no quiere estar armado, que no ande armado".
Y a pocas horas de entrada en vigor la polémica resolución, volvió a defender el cambio de doctrina, asegurando en una entrevista radial con el periodista Ernesto Tenembaum que la normativa anterior dejaba "totalmente inermes" a los policías y "los ponía en el lugar de victimarios cada vez que actuaban".
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"¿Para qué tenemos policías? ¿Para qué los policías portan armas? Para defender a la gente", expresó la ministra.
Inicialmente, el ministerio de Seguridad había emitido la resolución en vísperas de la cumbre del G20. Según Verdú, un portavoz oficial había aclarado que se trataba de una medida transitoria mientras durase el evento. No obstante, el 3 de diciembre, cuando ya había terminado la cumbre, la resolución apareció publicada en el Boletín Oficial, con lo que cobró vigencia en todo el país.
"La militarización (…) es el motivo por el cual crece el gatillo fácil. Al haber mayor poder de fuego en la calle y la profundización del uso de las herramientas para interceptar, requisar y detener arbitrariamente a las personas es lo que explica también por qué crecen las muertes en lugares de detención, particularmente en comisarías", explicó la referente de la Correpi.
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Según explicó Verdú, se ha podido definir que la acción de las fuerzas de seguridad "se dirige de manera selectiva a los movimientos organizados de la clase trabajadora", así como a "los sectores no organizados" de esa clase, particularmente "los jóvenes, los más pobres, las disidencias, las minorías discriminadas o las personas que sobreviven a través de tareas precarias en las calles".
La entidad denuncia detenciones arbitrarias, torturas y muertes, en "marcos de extorsión" en comisarías, o incluso de hostigamiento "a través de las presencias de las distintas fuerzas en las barriadas populares" debido al esquema de militarización.
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A estos casos se suman el de Ronald Orellana y Marcos Soria, dos militantes de la Confederación de Trabajadores por la Economía Popular (CTEP) ocurridos en 2018, el primero en la provincia de Buenos Aires y el segundo en la de Córdoba.
Verdú subrayó el rol que tienen los medios hegemónicos en la política del gatillo fácil y en la efectividad del discurso de seguridad del Gobierno en ciertos sectores. A su criterio, "la otra cara de la represión directa es la cooptación de consenso", y la manera en la que los medios operan actúa a su favor.
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Por eso, resaltó la importancia de crear espacios donde "se pueden escuchar todas las voces y donde se llama a las cosas por su nombre".
"Cuando el Código Penal define el homicidio como 'la conducta del que matare a otro', dice 'a otro': a otra persona, a otro ser humano. No dice 'a otro que esté al día con sus impuestos, que sea un ciudadano honesto, que no tenga antecedentes penales, que no haya robado antes una cartera", concluyó.
