Así reveló a Sputnik Pablo Rojas, integrante de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile. "El aumento por cinco es engañoso porque en realidad es el crecimiento de una cifra que era muy pequeña", aseguró.
De ahí que las cifras actuales de migrantes en Chile, de acuerdo al último censo de 2017 ascienden un 4,4%. "Pero el promedio de los países de la región alcanza el 11%", analizó el entrevistado.
El Pacto para la Migración aborda temas como la forma de proteger a las personas que migran, integrarlos en nuevos países o devolverlos a su lugar de origen. No es un acuerdo vinculante, pero encontró fuerte resistencia por parte de algunos Gobiernos como Estados Unidos, Austria, Hungría y Polonia.
Sobre la posición del Gobierno chileno, Rojas comentó que es preocupante pero no fue una sorpresa. "Es una consecuencia lógica del discurso y las acciones que han acompañado toda la política migratoria de este Gobierno", afirmó el activista.
"La cuestión respecto al crecimiento de la población migrante en realidad tiene que ver con cómo se posiciona un Gobierno políticamente para gestionarlo. Por ejemplo, durante la administración de Michelle Bachelet no se logró aprobar una ley migratoria con enfoque de derecho, pero se avanzó en medidas administrativas que permitían a las personas regularizar su situación migratoria, acceder a prestaciones sociales, y ya había una cifra de migrantes importante en Chile", aseguró Rojas.
A juicio del activista, esto explica "esta decisión apresurada, sin consultas al Parlamento e incluso sin informar a los parlamentarios oficialistas, con el objetivo de deslizar un poco estas problemáticas y ganar un par de puntos en las encuestas".
Hoy día, la mayoría de los migrantes que llegan a Chile provienen de Venezuela, Haití, República Dominicana y Colombia, sin embargo son los haitianos quienes viven la peor discriminación.
"El Gobierno creó para ellos el llamado 'Retorno Humanitario', para ponerlos en un avión y enviarlos de vuelta a su país. Creó también por vía administrativa una visa de turista con un máximo de 30 días en el país, cuando en Chile todas las visas de turismo son por 90 días para el resto de los visitantes", contó Rojas.
Mientras esto sucede, el Parlamento chileno espera hace más de seis meses aprobar un proyecto de ley presentado por el Gobierno y que podría agravar la situación ya que "tiene muchas falencias", indicó el entrevistado.
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