Este 10 de diciembre la conferencia intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Aunque no es vinculante, allí se establece la cooperación global, porque se entiende que "ningún Estado es capaz de resolver de manera independiente los problemas de migración", se lee en el documento.
El país que en 2015 estaba discutiendo si confiscar o no las joyas a los inmigrantes para cubrir gastos, a principios de diciembre de 2018 anunció que enviaría a sus inmigrantes indeseados a Lindholm: aquellos a los que les ha sido negado el asilo y no pueden regresar a sus países, y los extranjeros que han cometido algún delito, irán a parar a una isla diminuta y remota donde hay un crematorio, y laboratorios y establos de un centro dedicado a la investigación de enfermedades animales contagiosas.
"No son deseados en Dinamarca, y así lo sentirán", escribió en Facebook la ministra de Inmigración del país, Inger Stojberg, sobre un plan del Gobierno.
A su vez, Estados Unidos se retiró de la discusión del Pacto de ONU en 2017, y países como Bélgica, Bulgaria, Hungría, República Checa, Polonia, Austria, Eslovaquia, Israel, Italia, Suiza y Australia, decidieron no participar en la conferencia. Australia, por ejemplo, ya cuenta con la "cooperación" de otro país para tratar el tema inmigración.
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Nauru era un país pobre y necesitaba dólares frescos. Pero no siempre fue así. Entre 1968 y 1980 la pequeña nación del Pacífico tuvo a los ciudadanos más ricos per cápita del planeta: más de la mitad de la isla era rica en fosfato por el guano producido por las aves marítimas. En 1968, cuando Nauru logró su independencia, el nuevo Gobierno estableció un fideicomiso con las ganancias de la venta del guano. No había una industria desarrollada, la pesca era artesanal, pero la montaña de excrementos les permitió ser billonarios.
En 2001 el CPR comenzó a alojar a los inmigrantes "indeseados" de Australia, principalmente provenientes de Indonesia, Bangladesh, Afganistán y Camboya, bajo el el Gobierno de John Howard. Nauru recibía más de 14 millones de dólares a cambio de albergar a unas 720 personas demandantes de asilo, entre ellos casi 100 niños.
Desde entonces, los centros han sido punto de críticas de ONU y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo: las condiciones de reclusión eran paupérrimas, había hacinamiento, escasez de agua, se constataron malos tratos y torturas. En 2008, cuando llegó Kevin Rudd al Gobierno, cerró el CPR, pero en 2012, cuando Julia Gillard era primer ministra del país, se volvieron a abrir tras un notable aumento de pedidos de asilo.
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En 2016 The Guardian publicó la filtración de más de 2.000 informes, "los archivos de Nauru" que documentan agresiones sexuales contra los solicitantes de asilo, incluidos niños y adolescentes. A lo largo de 2018, han sido publicados varios reportajes de diversos medios de comunicación en el que se informaba que al menos una veintena de niños menores de 10 años habían intentado suicidarse.
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Se llamó la "Solución Pacífica", y en 2006 implicó la construcción de un centro de Detención de Inmigrantes con 800 camas en la Isla de Navidad.
