"Los criminales de lesa humanidad no debieran tener beneficio carcelario alguno", sostuvo la activista.
Este 19 de diciembre el Tribunal Constitucional (TC) de Chile revisará, a petición de un grupo de parlamentarios de derecha, la constitucionalidad de una ley aprobada en el Congreso en noviembre de este año.
Para tramitar este recurso, el TC hizo un llamado a distintos actores sociales y políticos para que este miércoles puedan ir a exponer sus posturas ante los magistrados.
Cada interviniente tendrá diez minutos para argumentar a favor o en contra de la iniciativa.
Londres 38 será una de las instituciones que expondrá en contra de que se acoja este recurso de inconstitucionalidad.
"Los criminales de la dictadura no han aportado absolutamente nada a los procesos de investigación; han pasado 45 años de la dictadura y aún seguimos sin saber nada sobre los paraderos de los detenidos desaparecidos", dijo Hennings.
Asimismo, criticó que estos beneficios carcelarios puedan "fomentan la impunidad de esos crímenes".
"Los exagentes ya tienen condenas muy bajas por los crímenes cometidos y además de eso, ¿les van a otorgar la libertad condicional para que salgan a la calle?", inquirió.
Tribunal Constitucional
Hennings criticó que el TC decidiera acoger este recurso interpuesto por la derecha, y acusó que el organismo "está tomando decisiones que pasan por encima de toda la sociedad".
"El TC ha modificado políticas públicas que han sido aprobadas por el Congreso y la sociedad entera, como el aborto, [y] está tomando decisiones que son políticas y que van en contra de las decisiones populares", dijo.
A su vez, calificó de "muy grave lo que este organismo está haciendo; es una institución que debería desaparecer".
Este tema cobró relevancia a mitad de este año cuando la Corte Suprema otorgó la libertad condicional a siete violadores de derechos humanos, y en octubre otros dos presos recibieron este mismo beneficio.
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Durante la dictadura de Pinochet cerca de 28.000 personas fueron torturadas, 3.197 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.