"La derecha atenta contra un Gobierno que los ha desplazado a ellos del poder, y tratan, como sea, de restablecer un sistema político donde quienes ejerzan el poder sean las mismas grandes corporaciones que en el pasado no solamente obtenían la renta petrolera, sino que establecían las reglas para el funcionamiento de la economía en función de sus intereses", indicó el legislador oficialista.
Desde el año 2003 rige en Venezuela un control cambiario que otorga al Gobierno todas las potestades para vender y comprar divisas y las transacciones que se hacen al margen son consideradas como ilegales.
A finales de 2017, Maduro dijo que relajaría el control cambiario, pero hasta el momento este mercado continúa manejado por el Estado.
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En paralelo, quienes demandan cantidades en dólares por encima de las subastas que realiza el Gobierno o requieren la moneda estadounidense de manera inmediata recurren a la tasa del mercado negro, que solo entre agosto y noviembre pasado aumentó 268%, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Añadió que "ante ello tenemos la obligación de frenar el incremento de los precios para que el bolívar recobre la confianza y pueda ser utilizado de una manera mucho más segura, como medio de pago".
Los más afectados por esta situación, explicó el legislador, miembro de la Comisión de Finanzas de la Constituyente, son los pequeños y medianos comerciantes, mientras "los actores económicos muy poderosos aprovechan esta situación para obtener ganancias gigantescas y, a la par, desestabilizar la economía".
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Bajo este escenario, sumado a las sanciones de EEUU y su "acoso financiero", dijo Faría, el Gobierno de Venezuela ha logrado crear un instrumento para hacer frente a lo que denomina como una "guerra económica".
"Por primera vez en cuatro años, tenemos una plataforma sólida para poder enfrentar la guerra económica y las consecuencias de la misma, que es una profunda crisis de nuestra economía, con impacto social devastador", agregó.
En segundo lugar, indicó, las instituciones del Estado se están adecuando a una nueva gestión económica, "más allá de los controles, más allá de los subsidios masivos".
En cuanto a la hiperinflación, Faría afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente no maneja estas cifras.
"No tenemos esas cifras porque no tenemos herramientas para calcular eso, aquellos que lanzan cifras a los medios de comunicación son unos verdaderos irresponsables, porque eso es una técnica estadística que permite identificar las tendencias de los precios", indicó.
El Banco Central de Venezuela (BCV) es el ente responsable de publicar las cifras de inflación, pero desde 2015 no ha presentado un balance.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha indicado que Venezuela entró en hiperinflación desde finales de 2017, y se estima que cerrará 2018 con 1.370.000%.
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Esa cifra es similar a la estimada por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), de mayoría opositora, que, ante la ausencia de balances del BCV, ha asumido este rol mensual.
Faría, aunque explicó que no posee cifras, reconoció que el país está en hiperinflación, lo cual se traduce en uno de los principales retos de cara a 2019 para el Gobierno.
"El gran desafío nuestro es que las políticas como fueron concebidas se desarrollen plenamente a partir del año que viene, y que sea el primer año de la estabilización y segundo del crecimiento", apuntó.
No obstante, recordó que por más eficiente que pueda ser el programa de recuperación de la economía que impulsa Maduro, esta estabilización financiera no se producirá de forma automática.
Este último punto, resaltó, ha impedido que se aplique una de las líneas del plan de recuperación que es incrementar el precio de la gasolina de acuerdo a los marcadores internacionales.
En Venezuela la gasolina es prácticamente gratuita para la población, lo que genera enormes pérdidas al Estado.