"Hoy promulgué la ley H.R. 1918, la "Ley de derechos humanos y anticorrupción de Nicaragua 2018", dijo Trump en un comunicado.
También sancionará a los individuos involucrados en acciones políticas que socavaron el proceso democrático, en arrestos o persecución de una persona debido a su ejercicio de la libertad de expresión, reunión o prensa, o en delitos de corrupción, establece la ley presentada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires.
Además: Presidente del Parlamento: amenazas de sanciones no le preocupan a Nicaragua
"Mientras que el pueblo de Nicaragua marca 8 meses de represión violenta por parte de (presidente Daniel) Ortega y sus títeres, el Presidente firma el NICA Act en ley. Los abusos de Ortega en contra de la sociedad civil y prensa son otro aspecto desesperado para mantenerse en el poder y EEUU responderá adecuadamente", dijo Ros-Lehtinen, representante republicana por Florida, quien presentó el proyecto en 2016.
En el texto se pide además la convocatoria a elecciones libres y con observadores independientes y establece la creación de reportes sobre diversos temas relacionados a la situación actual del país centroamericano.
Nicaragua vive desde el 18 de abril una crisis política y social cuando estallaron protestas antigubernamentales que han dejado cientos de muertos.
El Gobierno asegura que la violencia es promovida por sectores adversos que buscan realizar un "golpe blando" contra el presidente Ortega, a los que acusa de terroristas.
Además: Nikki Haley: Nicaragua sigue el camino de Siria y Venezuela
En las últimas semanas el Gobierno canceló la personería jurídica de nueve organizaciones sociales, que las autoridades dicen están promoviendo actividades fuera de la ley.
El miércoles 19, el Gobierno también suspendió temporalmente temporalmente las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y anunció el fin de la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El Meseni había sido instalado el pasado 24 de junio en acuerdo con el Gobierno de Nicaragua, para hacer un seguimiento a las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH, que llamaba al Ejecutivo a respetar los derechos humanos y las libertades individuales y cesar la represión contra los manifestantes opositores al Gobierno.
Más: Canciller español aboga por imponer sanciones a Nicaragua