"El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas", dice la confirmación de la sentencia adoptada el 28 de noviembre pasado.
La más alta instancia judicial del sistema interamericano de derechos humanos confirmó las denuncias de las mujeres sobrevivientes que reivindican su lucha contra la impunidad.
La Corte concluye que el uso indiscriminado de la fuerza del Estado fue resultado de la ausencia de una regulación adecuada, "una falta de capacitación de los agentes, supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos (manifestantes) justificaba el uso de la fuerza contra todos", dice la sentencia.
La Corte confirmó que no se investigó, ni juzgó y ni sancionó a todas las personas responsables del operativo, a nivel material e intelectual.
El fallo ordena al Estado "realizar una investigación exhaustiva de los hechos que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal", para sentar un precedente que muestre el deber del Estado para "esclarecer la participación de la cadena de mando".
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En cuanto la violencia sexual como práctica represiva, ordena al Estado a "implementar medidas de atención a las mujeres y revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policíaca".
Las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) en abril de 2008, debido a que las autoridades provinciales y federales no investigaban con diligencia las agresiones sufridas.
En 2015, la Comisión exigió al Estado sancionar, reparar y garantizar la no repetición de lo ataques, pero el dictamen fue incumplido.
La CIDH elevó entonces el caso a la Corte IDH, en noviembre de 2017, en una audiencia pública a la que asistieron las 11 mujeres.
El centro de DDHH jesuita dijo que la sentencia de la Corte ocurre "en un contexto en el que el modelo de seguridad está a discusión en México, por la intención de crear una Guardia Nacional militarizada".
El caso obliga al Poder Legislativo mexicano "a revisar la legislación que se pretende aprobar a la luz de los estándares fijados por el tribunal interamericano", dice el informe.
El fallo "refuerza la perspectiva de seguridad ciudadana de carácter civil y la fiscalización externa de las instituciones de seguridad", puntualizan los defensores de derechos humanos.
