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Procurador de DDHH de Guatemala critica decisión de Gobierno respecto de la CICIG

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WASHINGTON (Sputnik) — La decisión del Gobierno de Guatemala de desconocer el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) viola tratados internacionales y recuerda a los Gobiernos dictatoriales de la región, declaró el procurador de DDHH de ese país centroamericano, Jordán Rodas.

"La acción unilateral tomada por el Gobierno, que pretende desconocer el Acuerdo con Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, viola el estado de derecho, los tratados internacionales (…) y nos recuerda a los gobiernos dictatoriales que creíamos haber dejado atrás", señaló Rodas en un comunicado.

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ONU rechaza decisión de Guatemala de poner fin en 24 horas a acuerdo por CICIG
La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, anunció el lunes que su país dio por finalizado el acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a la CICIG, y dio al organismo un plazo de 24 horas para oficializar la culminación del vínculo.

El procurador opinó que esta decisión incurre en una acción flagrante contra la Constitución Política de la República, la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción, y afirma que viola el estado de derecho.

Además, realizó un llamado a la "comunidad internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, al movimiento indígena campesino, así como a la prensa independiente (y) a los empresarios honestos y conscientes de que la corrupción nos afecta a todos y al estado de derecho", así como a "los principios democráticos republicanos".

La comisión, creada en 2006 mediante un acuerdo entre el Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros al presidente Jimmy Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.

Más: Canciller de Guatemala anuncia fin de acuerdo con ONU por la CICIG

En 2015, la CICIG asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los derechos humanos en el país.

El Gobierno que preside Morales anunció en 2018 su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, que expira en septiembre, y más tarde prohibió la entrada a su comisionado, Iván Velásquez, quien había viajado momentáneamente a EEUU.

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