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Gobierno de Colombia refuerza seguridad ante amenazas a líderes sociales

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BOGOTÁ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Colombia ordenó reforzar la seguridad en el corregimiento (aldea) El Salado, departamento de Bolívar (norte), tras las recientes amenazas a líderes sociales.

"En El Salado se mantiene trabajo coordinado entre la Armada de Colombia y la Policía para garantizar la seguridad de los ciudadanos, las acciones incluyen patrullajes durante las 24 horas", indicó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, a través de su cuenta en la red social Twitter.

Botero agregó que en la madrugada del 11 de enero "se reforzó la seguridad con otro pelotón de infantes de Marina" y se dispuso de "tres vehículos artillados para el control de la carretera de acceso", luego de que el 31 de diciembre se asignaron 40 infantes de Marina en la región con el objetivo de persuadir las acciones violentas contra los líderes sociales de la zona.

​Las medidas se tomaron luego de que doce líderes sociales de El Salado denunciaron amenazas de muerte a través de internet por su trabajo en la región.

"El 31 de diciembre, para los que no quieren, El Salado será un verdadero caos; aténganse a ser castigados por su insolencia y cobardía, esto a ustedes no se lo hacemos por malas personas sino porque son a los que más llorarían", reza una de las amenazas que circula por redes sociales.

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El corregimiento El Salado es recordado en Colombia por haber sido escenario en febrero del año 2000 de una masacre en la que grupos paramilitares asesinaron a unas 200 personas, lo que ha llevado a que se refuercen las medidas de seguridad antes las amenazas a los líderes sociales de la región.

Según un reporte presentado el 10 de enero por la Defensoría del Pueblo (ombudsman) de Colombia, en 2018 un líder social fue asesinado en promedio cada 48 horas en el país, lo que dejó un saldo total de 172 de ellos muertos en ese año.

Más aquí: El año más cruento para líderes sociales y activistas de Colombia

El organismo también estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados en Colombia 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.

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