"Se ha dado un paso muy importante", dijo a Sputnik Vicent Pérez Ventura, que el 3 de diciembre de 2018 interpuso una querella por las torturas que surfió entre el 24 de abril y el 1 de mayo de 1971 en Valencia.
"Es sorprendente porque no teníamos confianza en que esto prosperara", aseguró Pérez Ventura. Él y los demás denunciantes consideraban "impensable" que un juez admitiera una de sus querellas y decidiera investigar, porque "hasta ahora se archivaban absolutamente todas [las causas relacionadas a crímenes cometidos durante el franquismo] en todo el estado español".
En abril de 1971 los oficiales del BPS de Valencia detuvieron a 15 militantes del Partido Comunista (PC) español. Entre ellos estaba Pérez Ventura, que tenía 19 años recién cumplidos cuando lo subieron a un coche y lo llevaron a la Jefatura Superior de Policía. Allí lo despojaron de todas sus pertenencias, lo desnudaron, lo encerraron en una celda diminuta, a oscuras, y lo torturaron.
"Me quitaron hasta el jersey que llevaba —recuerda Pérez Ventura—. Me metieron en una celda de un metro y medio de ancho por otro de largo, sin ningún tipo de mobiliario, solamente un banco de piedra. Allí estuve una semana sin saber absolutamente nada de nada, a oscuras".
Al séptimo día, "en un estado deplorable, porque obviamente no comía y no podía dormir por el frío", los oficiales lo subieron a la sala donde realizaban los interrogatorios. "Ahí me estaban esperando cuatro policías que me preguntaron si era militante del PC. Al negarlo empezaron los golpes, vejaciones, insultos. Y las palizas. Así durante horas y horas y horas", contó.
"Al día siguiente volvieron los interrogatorios. A lo largo de las horas, viendo las circunstancias y el estado de situación, absolutamente destrozado física y psíquicamente […] decidí firmar mi militancia en el PC y mi asistencia en acciones de comando y manifestaciones. A raíz de firmarlo, me bajaron otra vez a la misma celda y permanecí ocho días más totalmente incomunicado. […] Las descripciones de las torturas creo que no es necesario contarlas", dijo Pérez Ventura.
Cuando fueron liberados, 12 de los 15 militantes presentaron en grupo una denuncia de las torturas que habían sufrido. "Un primer juez la aceptó, después nombraron a un juez diferente y se archivó", indicó Pérez Ventura.
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Años después, algunas de las asociaciones españolas que trabajan en la defensa de las personas que sufrieron vejaciones y torturas durante el franquismo, buscaron justicia al otro lado del Atlántico.
El 18 de septiembre de 2013 la juez María Servini de Cubría emitió una orden de detención internacional contra cuatro miembros del aparato represor de Franco: Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. El 28 de Octubre de 2013 la jueza firmó una orden de extradición al Gobierno español para los imputados.
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El 31 de enero de 2014 la Fiscalía de la Audiencia Nacional española rechazó la extradición del miembro de la Brigada Político Social con la argumentación de que los delitos de torturas de los que se le acusa han prescrito y no constituyen delitos de lesa humanidad. Desde ese entonces se han negado otros pedidos de extradición y no han habido avances sustanciales en la causa.
La acción judicial que fue aceptada por el Juzgado de Instrucción N°1 de Valencia, denuncia torturas "en un contexto de crímenes de lesa humanidad", cuestión imprescindible para que los delitos sean considerados imprescriptibles.
Víctima del franquismo: "Vamos a resquebrajar los muros de la impunidad"
Para la Ceaqua la resolución judicial representa "un hito importante para revertir la situación de impunidad que, hasta la fecha, mantiene el Estado español en relación con la falta de investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista; política de impunidad que tan duramente ha sido criticada desde diferentes instancias internacionales, entre otras, el Consejo de Derecho de Humanos de las Naciones Unidas".
"Hemos tenido suerte de momento, vamos a decirlo así", concluyó Pérez Ventura.
