"En los próximos días podríamos considerar nuevas sanciones si no vemos la evolución positiva de la situación", dijo.
Subrayó que se trata de sanciones individuales "dirigidas contra los que tienen responsabilidad por obstruir los procesos democráticos y el uso de la violencia".
Sin embargo denunció que los organismos de la UE experimentan problemas con el acceso al país.
Además, afirmó que la Unión Europea aboga por evitar cualquier tipo de violencia militar en Venezuela y encontrar una solución política a la crisis en el país sudamericano.
"El objetivo que persigue la Unión Europea y sus Estados miembros es (…) garantizar que los venezolanos tengan elecciones presidenciales libres con garantías internacionales y que la crisis se resuelva de manera pacífica y democrática", dijo.
Subrayó que "uno de nuestros objetivos principales, en los que estamos unidos, es evitar cualquier violencia militar dentro o fuera del país".
"Hemos decidido establecer un grupo de contacto internacional, una decisión que tomaron nuestros Estados miembros y algunos países latinoamericanos", dijo Mogherini a los periodistas tras el primer día del encuentro informal de los ministros de Exteriores de los países del bloque comunitario en Bucarest.
La diplomática europea afirmó que el grupo "ayudará a fomentar la confianza y crear las condiciones necesarias para un proceso creíble conforme a las disposiciones pertinentes de la Constitución de Venezuela, permitiendo a los venezolanos determinar su propio futuro mediante la celebración de nuevas elecciones".
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Mogherini enfatizó que el grupo, que se centrará también en lograr "una solución pacífica y democrática a la crisis" venezolana y en "promover un entendimiento común y un enfoque acordado entre actores internacionales claves sobre la situación en Venezuela", terminará su trabajo si no hay suficientes avances en 90 días.
"Quiero destacar que el objetivo del grupo de contacto no consiste en abrir un proceso formal de mediación sino en apoyar una dinámica política que el grupo podrá acompañar y consolidar" en el futuro, marcó.
El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.
El 26 de enero, Gobiernos europeos como Francia, Alemania, los Países Bajos, España y Reino Unido le dieron a Maduro un ultimátum en el que manifestaron que reconocerían a Guaidó como presidente interino si no se anunciaban nuevas elecciones en Venezuela en un plazo de ocho días.
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Maduro, por su parte, rechazó el ultimátum, diciendo que la amenaza ignoraba los derechos de Venezuela de un estado soberano.