Dicho referéndum fue celebrado desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal tanto la convocatoria como el resultado.
Según los datos ofrecidos por el Gobierno catalán, en el referéndum participaron 2,2 millones de personas (el 43% del censo electoral), de las cuales un 90 por ciento votó a favor de la independencia.
La declaración de ruptura no llegó a ser implementada, pero el Gobierno de España respondió activando el artículo 155 de la Constitución —previa autorización del Senado— para cesar al Ejecutivo catalán, disolver el Parlamento de Cataluña y convocar nuevas elecciones.
Ahora, buena parte de ese Gobierno catalán —aunque con destacadas ausencias— afronta un juicio en el que se les acusa de delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
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No obstante, en la causa no se juzgarán únicamente los hechos de octubre de 2017, sino que, según consta en el auto de procesamiento, también se tendrán en cuenta "los hechos acontecidos en Cataluña en relación a los últimos seis años en relación con el proceso secesionista".
Los acusados
El gran ausente en el juicio será Carles Puigdemont, presidente del Gobierno catalán que convocó el referéndum, que huyó de España tras los sucesos de octubre de 2017.
Este dirigente independentista es el que afronta mayores peticiones de prisión: 25 años de cárcel por rebelión, agravada con malversación por parte de la Fiscalía y 12 años por sedición y malversación por parte de la Abogacía General del Estado.
Otras figuras destacadas entre los acusados son Carme Forcadell (expresidenta del Parlamento de Cataluña) o Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes sociales que a través de plataformas como la Asamblea Social Catalana y Òmnium Cultural marcaron el pulso de la movilización callejera en favor del independentismo.
Otros acusados destacados son Jordi Turrull (consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán), Raul Romeva (consejero de Exteriores), Josep Rull (Territorio), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior).
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Todos ellos afrontan peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado que oscilan entre los 8 y los 17 años de prisión.
Además, en la causa está personado el partido ultraderechista Vox, que ejerce como acusación particular, solicitando penas de hasta 74 años de cárcel para aquellas personas con mayores responsabilidades en el Gobierno catalán, al que definen como una "organización criminal".
De los 12 acusados, nueve se encuentran en prisión preventiva. Algunos de ellos, como Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un periodo de tiempo superior a un año, lo que ha sido denunciado como un abuso por organizaciones como Amnistía Internacional.
Los delitos
Según el Código Penal de España, "son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente" para "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". Del mismo modo, el delito de sedición se aplica a aquellos que, sin estar comprendidos en un delito de rebelión, "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir la aplicación de las leyes".
Los líderes independentistas dicen haber seguido en todo momento una estrategia basada en la movilización pacífica, intentando evitar cualquier tipo de acto violento. Sin embargo, el auto de procesamiento del Tribunal Supremo señala la existencia de posibles elementos violentos en algunos momentos clave del proceso independentista.
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Frente a ese edificio, convocados por plataformas civiles como la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, se concentraron 60.000 manifestantes. Según el juez instructor, esos manifestantes destrozaron dos coches patrulla e impidieron el normal desarrollo del trabajo policial, lo que puede dar lugar a la comisión de delitos de rebelión —o al menos de sedición— por parte de los convocantes.
Además, la acusación de rebelión se basa en el análisis de los hechos del día 1 de octubre, haciendo un especial hincapié en recodar que, aquel día, miles de ciudadanos mostraron resistencia frente a agentes que tenían la orden de impedir la votación.
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Según el auto de procesamiento, el independentismo "decidió utilizar el poderío de la masa" para "hacer frente a una actuación policial" conociendo "el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos".
"Es evidente que la minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia en el territorio, permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza", argumenta el auto, para terminar de justificar el procesamiento por rebelión.
En cuanto a los delitos de malversación y desobediencia, estos se circunscriben en el supuesto uso de fondos públicos para convocar el referéndum y en la negativa de las autoridades gubernamentales a acatar las órdenes judiciales contrarias a la consulta.
Los ausentes
Estas personas son Toni Comín (exconsejero de Sanidad del Gobierno catalán), Meritxell Serret (Agricultura), Lluis Puig (Cultura), Clara Ponsatí (Enseñanza), Marta Rovira (secretaria general de ERC) y la diputada Anna Gabriel (del partido anticapitalista e independentista CUP).
Tras su huida, el Tribunal Supremo emitió órdenes de captura contra todos ellos, pero los tribunales de Bélgica, Escocia, Suiza y Alemania rechazaron su entrega a Madrid en los términos propuestos por la justicia española.
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Especialmente relevante es el caso de Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica tras los sucesos de octubre de 2017, país presuntamente más favorable para rechazar su extradición, pero que finalmente fue detenido en marzo de 2018 en Alemania tras realizar una visita a Finlandia.
Una vez rechazado el envío para ser juzgado por rebelión, el Tribunal Supremo se negó a recibir al líder independentista para juzgarlo solo por malversación, por lo que Puigdemont quedó en libertad.
El rechazo de varios tribunales europeos a la extradición de los líderes independentistas es uno de los puntos clave en los argumentos de la defensa, que denuncia un supuesto clima de persecución política al movimiento independentista.
"Seis diputados o exdiputados han tenido que marchar al exilio y los tribunales internacionales denegaron su extradición porque las acusaciones no tienen fundamento", subrayó el pasado jueves el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, en una declaración institucional relativa al juicio.
Las denuncias sobre la falta de garantías suficientes en el juicio por parte del independentismo fueron una constante en los últimos meses, hasta el punto de que el actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se vio obligado hace unas fechas a defender ante el Consejo de Europa que España es una "democracia plena" pese a lo que definió como “relatos falsos”.
Cómo será el juicio
El presidente de ese tribunal será Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Por el momento resulta difícil calcular hasta cuándo se prolongará el juicio, aunque algunos medios locales avanzan que desde el Tribunal Supremo se maneja una previsión no menor a los tres meses de duración.
A lo largo del juicio, gran parte del foco mediático se centrará sobre los testigos, ya que ante el tribunal desfilarán algunas de las figuras políticas más relevantes en la historia reciente de España.
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Entre otros, están llamados como testigos el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el presidente catalán anterior a Carles Puigdemont, el también independentista Artur Mas.
En su lugar, el Tribunal Supremo habilitó un sistema de retransmisión online para permitir que cualquier persona pueda seguir el transcurso del juicio de forma íntegra desde cualquier lugar.
Esto, unido a la presencia de 600 periodistas de 170 medios nacionales e internacionales, hará que el juicio, que a buen seguro marcará el devenir político en los próximos años para España y Cataluña, sea retransmitido minuto a minuto por los medios de comunicación de medio mundo.
