"La autodeterminación es sinónimo de paz, no de guerra", dijo el magistrado ante el Tribunal Supremo, donde arrancaron las vistas del juicio a los líderes independentistas catalanes.
Según el Código Penal de España, "son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente" para "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".
De acuerdo con el relato de Van den Eynde, eso no es aplicable a los hechos que se juzgan, porque sus representados buscaron la independencia de Cataluña a través de un referéndum, lo que considera un método democrático y, por tanto, alejado de cualquier ánimo violento.
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En su alegato, Van den Eynde se apoyó en la sentencia del tribunal del estado alemán de Schleswig-Holstein que rechazó la entrega del expresidente Carles Puigdemont a España al considerar que no hubo violencia en el proceso independentista catalán como para justificar una acusación por rebelión.
En concreto, el magistrado acusó al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona (que indagó sobre los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017), de llevar a cabo una investigación "prospectiva" que a su modo de ver invalida el proceso judicial.
"La causa atenta contra los derechos de libertad ideológica, de expresión, de protesta y de reunión y manifestación", afirmó.
Otro de los puntos centrales de la exposición de Van den Eynde fue la denuncia de distintas vulneraciones de derechos de sus clientes.
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Del mismo modo, el magistrado denunció una vulneración de la presunción de inocencia al entender que lo mediático del caso afectó a la actuación del juez instructor, que se apresuró en la adopción de distintas medidas que han servido para que sus representados sean presentados como culpables de cara a la opinión pública antes incluso del inicio del juicio.
