"Sucedió lo que tenía que suceder, secuestraron a Hilario Cornelio Castro y a Otilia Eugenio Manuel, y no hemos sabido nada de ellos desde ayer a las 7:30 de la mañana [13:30 GMT]", dijo vía telefónica el líder religioso, asesor gubernamental en materia migratoria y de derechos humanos.
Desde el fin de semana pasado, "Otilia pidió auxilio y he hecho un llamado a las autoridades para que investiguen de inmediato y busquen a esas personas, porque cada vez que se tarden, más corre peligro su vida", indicó el líder religioso.
"Estoy a punto de entrar a la secretaría de Gobernación, entre otras cosas, voy a plantear la urgencia de medias cautelares y otros temas relacionados con la migración", adelantó el sacerdote católico de 73 años.
Solalinde fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos, en el año 2012, por su trabajo con migrantes.
Una cadena de amenazas
Los activistas sociales pertenecen a la Organización de Pueblos Indígenas Mehepas (OPIM), del municipio Ayutla de los Libres del estado de Guerrero, con costas al Pacífico, azotado por el crimen organizado, sobre todo en la zona de la montaña.
Otilia Eugenio Manuel ya contaba con medidas cautelares de urgencia por parte del Gobierno estatal de Guerrero por su trabajo social con la OPIM, y los dos secuestrados habían recibido varias amenazas de muerte.
Además, desde 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano garantizar la seguridad de la dirigente indígena de la etnia mehepa, ante amenazas sistémicas por su labor en defensa de los derechos humanos.
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La dirigente es, además, integrante del Consejo de Autoridades Comunitarias de Ayutla, en la región costera de Guerrero, habitada por comunidades indígenas mephas, nahuas, mixtecos y tlapanecos.
Tras 16 años de lucha, ese caso desembocó en la primera sentencia en la historia de México que determinó una responsabilidad penal del Ejército sobre la base de una sentencia anterior dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Según el religioso, las víctimas abordaron un taxi colectivo para dirigirse a la capital de Guerrero y desaparecieron en una ruta de la carretera federal hacia el puerto de Acapulco.
En junio de 2016, el gobernador Astudillo se reunió con integrantes de la OPIM, encabezados por Otilia Eugenio Manuel, cuando ofreció ayuda económica para las comunidades indígenas del municipio de Ayutla.
Entre las medidas cautelares para proteger a la dirigente indígena, un grupo de agentes de la Policía de Guerrero fueron asignados como escoltas por las amenazas de muerte que se intensificaron en noviembre pasado.
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