Ese colectivo de 14 organizaciones de la sociedad civil, promotoras de acceso igualitario a la justicia, indican en su auditoría que, a la fecha, en los tribunales de México es muy común tener noticias de sentencias injustas, "que en lugar de proteger, abandonan a las víctimas; en lugar de juzgar, discriminan; en lugar de garantizar derechos, toleran la violencia, especialmente contra las mujeres".
La Red por la Ciudadanización de la Justicia documentó en el estudio "la situación de la impartición de justicia en México, a través del análisis de sentencias".
El primer informe de los hallazgos, titulado "No es Justicia", es el resultado del análisis de más de 100 sentencias emitidas por los poderes judiciales de ocho entidades federativas.
Los investigadores civiles "identificaron múltiples deficiencias técnico — jurídicas en la impartición de justicia", dice el documento.
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Las organizaciones civiles que integran la red tienen el propósito contribuir a "detectar las principales problemáticas que la sociedad mexicana enfrenta para acceder a la justicia".
El Poder Judicial en este país ha sido "tradicionalmente opaco, inaccesible y cerrado a la sociedad", razón por la cual la red ciudadana "es una iniciativa que busca abonar a la democratización y legitimación de su actuación", indica el documento.
Las organizaciones intentan, además, "coadyuvar, de manera propositiva y conjunta, con los Poderes Judiciales en el diseño de estrategias y soluciones", indica la investigación.
Con ese fin, la investigación propone "abrir canales de diálogo y colaboración; diseñar estrategias que faciliten el acceso a la justicia, en condiciones de igualdad y no discriminación".
Para transformar estas realidades es preciso "acercar a la gente a los Poderes Judiciales, ya que la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general, es crucial para enriquecer la impartición de justicia", añade el informe.
Una encuesta sobre victimización y percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, difundida en 2017, indicaba que el 65 por ciento de la población considera que las y los jueces son corruptos.
