CPI pide a Duque que sancione ley que regirá a tribunal de paz en Colombia

El llamado fue hecho por el vicefiscal de la CPI, James Stewart, quien señaló que de no ser sancionada la ley, "podría constituir un revés" y ese organismo tendría que "considerar sus implicaciones".

Stewart también señaló que la CPI ha aceptado "que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma".

Según manifestó, la CPI confía en que la Fiscalía General de Colombia y la JEP "puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias", por lo que resaltó la importancia "de que la JEP tenga un marco legal definido".

Varios sectores políticos se oponen a que Duque avale la ley estatuaria, entre ellos el senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), máximo líder del partido oficialista Centro Democrático, al cual pertenece Duque.

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Asimismo, se opone el fiscal General de la Nación, Néstor Martínez, quien en una carta enviada a Duque el pasado lunes señaló que la ley estatutaria permitiría que no sean excluidos de ese tribunal los reinsertados que después de la firma del Acuerdo de Paz (en noviembre de 2016) cometan nuevos delitos como secuestro, narcotráfico, extorsión, delitos sexuales y homicidio.

Martínez además sostiene que la forma en la que está planteada la ley permitiría eximir de responsabilidades penales a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.

El pronunciamiento de la CPI se da luego de que el martes el Gobierno colombiano anunció que evalúa la posibilidad de presentar algunas objeciones a la ley estatuaria de la JEP, tribunal de paz mediante el cual se juzgan a excombatientes de FARC, militares y terceros que financiaron el conflicto armado interno.

El anuncio fue hecho por el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien señalo que la Secretaría Jurídica de la Casa Nariño evalúa la posibilidad de plantear objeciones a la ley estatutaria e indicó que "el presidente (Iván Duque) tiene unas prerrogativas que le confiere la Constitución y la ley", dentro de las cuales se contempla un plazo de veinte días "para analizar todas las implicaciones que se relacionan en este caso".

En la actualidad más de 13.465 comparecientes, entre miembros de la exguerrilla de las FARC y la Fuerza Pública, han firmado actas con la JEP y de estos, en su mayoría, han recibido algún tipo de beneficio penal, entre los que se destacan las libertades transitorias o anticipadas.

La ley estatutaria de la JEP establece mecanismos claros para hacer seguimiento a estos beneficios y evaluar si el compareciente ha aportado a la verdad plena, reparado a las víctimas y ha garantizado la no repetición.

Pese a que la Corte Constitucional ya estudió la ley y le dio su aval en 2018, la misma aún no entra en funcionamiento debido a que Duque no la ha sancionado y ha dicho que se tomará hasta el 8 de marzo (día en el que vencen los veinte días de plazo) para tomar una decisión.