La Cámara de Diputados aprobó este martes 19 de febrero la modificación del artículo 19 de la Constitución, que establece cuándo un ciudadano puede ser sometido a prisión preventiva. A la lista de causales ya prevista por la Carta Magna, se agregaron 12 delitos en los que el acusado deberá transcurrir en la cárcel el proceso judicial que investigará lo sucedido.
La modificación ha sido criticada por la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en México, así como por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.
"México es parte de tratados internacionales que establecen que la prisión preventiva debe usarse de manera excepcional (…) en una base de [estudio] caso por caso, y que el juez decida", dijo a Sputnik Santiago Corcuera, abogado constitucionalista y exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
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"La regla debe ser que cualquier persona imputada debe enfrentar su proceso en libertad, por el principio de presunción de inocencia. Es grave de por sí que la Constitución tenga delitos que obligan al juez a dictar la prisión preventiva, ahora se amplió esa lista", explicó Corcuera.
Ahora, con la reciente modificación se agregaron el uso de programas sociales con fines electorales, el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones, los delitos en materia de hidrocarburos (lo que en México se llama comúnmente "huachicoleo"), el abuso sexual en agravio de menores, la violencia sexual en agravio de menores, el feminicidio, el robo a casa habitación, el robo a transporte de carga, la desaparición forzada, la desaparición cometida por particulares y los delitos contra la ley de armas de fuego.
El especialista explicó en diálogo con Sputnik que hay algunos delitos en la lista que son particularmente delicados, como el último enumerado.
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"Sabemos que una de las maneras más fáciles de inculpar a alguien es aventarle una pistola al automóvil, detenerlo y decir que usted tenía está arma aquí y decir que va a la cárcel inmediatamente", dijo Santiago Corcuera a Sputnik.
Explicó que el delito no especifica que deba haber sido allanado el lugar para que se decrete la prisión de quien lo cometa, por eso deja indefensas a las personas que trabajen en hogares ajenos.
"Es muy mala noticia lo que acaba de suceder", se lamentó Corcuera.
Como egresado de la Universidad Iberoamericana, el abogado forma parte del movimiento 'Todos unidos contra la pena de prisión' desde hace dos años, dedicados a la "transformación de la política criminal actual".
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Según uno de los análisis del grupo, esta modificación del artículo 19 constitucional "pone en riesgo principios básicos en materia de derechos humanos, incluyendo la presunción de inocencia, el principio de jurisdiccionalidad y el de progresividad de los derechos humanos", sostienen.
"Lamentablemente, la prisión preventiva oficiosa ha sido utilizada en nuestro país como una medida represiva y no cautelar, que afecta principalmente a pequeños delincuentes aquejados por la pobreza y la marginación", concluyen desde el movimiento.
