"Me considero un preso político de consciencia, creo que estoy ante este tribunal por haber sido el presidente de la ANC", afirmó Sànchez.
El diputado, suspendido de su cargo tras su proceso judicial, evitó responder a la acusación popular, del partido ultraderechista Vox, pero sí contestó a la Fiscalía y Abogacía del Estado para "dar la oportunidad" de mostrar esa imparcialidad.
"No tengo ningún temor a poder responder y ofrecer la verdad", afirmó.
La acusación particular Vox le acusa de dos delitos de rebelión y uno de organización criminal y pide 62 años de prisión.
Sànchez lleva más de un año en prisión, algo que ha sido denunciado como un abuso por organizaciones como Amnistía Internacional.
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Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart fueron enviados a prisión como medida cautelar por riesgo de fuga tras ser acusados de sedición e incluso rebelión por una manifestación frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, mientras la Guardia Civil realizaba pesquisas en su interior con el fin de desarticular el referéndum unilateral de autodeterminación que se realizaba unos días después, el 1 de octubre de 2017, declarado inconstitucional por la Justicia española.
