"Responsabilizamos al Gobierno federal de este asesinato, pues Samir Flores Soberanes no tenía más enemigos que la gente vendida que ha estado históricamente apoyada por el Gobierno y la CFE (Comisión Federal de Electricidad) en Amilcingo", municipio de Morelos, estado colindante con la capital, señala un comunicado de la organización.
"Este fue un crimen político por la defensa de los derechos humanos que Samir y el FPDT lleva contra el Proyecto Integral Morelos (PIM, gasoducto y termoeléctrica), por la autonomía y autodeterminación de los pueblos", acusa la organización en un comunicado.
El sistema de generación de energía no puede operar a pesar que un gasoducto de 170 kilómetros ya está terminado, porque está incompleto el acueducto bloqueado por campesinos en los últimos 140 metros, antes de la planta termoeléctrica, que funciona a gas y vapor de agua.
El asesinato ocurrió 12 días después de que López Obrador lanzó la convocatoria a la primera consulta ciudadana de su mandato, sobre la obra que costó unos 1.000 millones de dólares al gobierno federal en 10 años paralizada por la protesta de los pobladores.
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En una conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente dijo en aquella ocasión que si continuaba el boicot, "habría que comprar la energía a las empresas particulares extranjeras, para que lo tomen en cuenta los que enarbolan las banderas contra la planta, incluso por razones de tipo ideológico".
El Frente asegura las administraciones anteriores "se negaron a resolver el conflicto por la vía del diálogo, por su insistencia en imponerlo por la vía de la fuerza".
"Hoy están los resultados de los oídos sordos de Obrador, hoy acaban de asesinar a nuestro compañero y amigo, a nuestro ejemplo de lucha en Amilcingo y toda la región", dice el posicionamiento de la organización de los pueblos originarios afectados.
Incierto referendo
El referendo se realizaría en Morelos y algunos municipios de los estados vecinos de Tlaxcala y Puebla, por donde cruza el gasoducto que alimentará la planta de ciclo combinado que opera a gas y vapor.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio del líder comunitario y defensor de los derechos humanos, demandó evitar la impunidad y solicitó medidas cautelares urgentes de las autoridades a sus familiares y activistas, que desde hace una década luchan contra el proyecto.
Senadores del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) respondieron que el crimen es un intento de provocación y desestabilización.
"Esto es una provocación, hay un interés del Estado de recuperar los bienes estatales, hacer que la industria eléctrica sea generada por el propio Estado y ahora hay intereses que no quieren" dijo el senador de Morena Salomón Jara.
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López Obrador había reconocido que para enfrentar las protestas, "durante el Gobierno anterior se cometieron una secuela de atropellos y arbitrariedades, por lo cual existe una legítima inconformidad".
La consulta sería la solución para aclarar el futuro de la termoeléctrica, que produciría electricidad para todo el estado de Morelos, único del país que no produce un solo kilowatt.
