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Diputados salvadoreños evalúan desafuero de juez acusado de agresión sexual a una menor

CC0 / Presidencia El Salvador / Aniversario de la ConstitucionSalón de sesiones de la Asamblea Legislativa (parlamento) de El Salvador (Archivo)
Salón de sesiones de la Asamblea Legislativa (parlamento) de El Salvador (Archivo) - Sputnik Mundo
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SAN SALVADOR (Sputnik) — Diputados designados por la Asamblea Legislativa para definir el posible desafuero de un magistrado acusado de agredir sexualmente a una menor de edad esperan tener su fallo lo antes posible para llevar el caso a tribunales, dijo a Sputnik la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Cristina Cornejo.

"Tenemos que resolver este caso pronto, ya son diez días desde que ocurrieron los hechos imputados; la Policía y la Fiscalía ya hicieron sus diligencias y nos toca responder con agilidad", declaró la legisladora, presidenta de la comisión que evaluará si el juez Jaime Escalante pierde su inmunidad.

Cornejo defendió la reserva del proceso para proteger a la supuesta víctima, una menor de 10 años de edad.

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"En estos casos la prioridad son las víctimas, e impedir que salgan a la luz detalles que provoquen una revictimización de la agredida y su familia", agregó la diputada, cuya bancada impulsa una reforma constitucional para eliminar el fuero a los funcionarios acusados de delitos contra niños y adolescentes.

Los 78 diputados presentes en una plenaria convocada extraordinariamente por la Asamblea Legislativa aprobaron el martes un dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para abrir un antejuicio contra Escalante, como solicitó la Fiscalía General de la República el 22 de febrero.

Escalante, magistrado de la Sala Tercera de lo Civil y exasistente de la Corte Suprema de Justicia, fue sorprendido ebrio y en flagrancia mientras agredía sexualmente a una niña en la localidad de Soyapango, en el centro del país.

Además: Fiscalía de Ecuador investiga 74 casos más de abuso sexual a menores en colegios

El imputado permanece suspendido de sus funciones, pero en su domicilio, amparado por el fuero constitucional; de perderlo, será juzgado como un ciudadano más.

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