El 25 de enero se rompió una represa de residuos mineros en Brumadinho en el estado brasileño de Minas Gerais, generando una avalancha de lodo tóxico que arrasó la zona. Hasta el momento hay 179 muertos, y 134 personas desaparecidas. El daño ambiental aún no se ha estimado.
En Brumadinho, "hay mucha gente que perdió los cultivos, que no tiene trabajo, que tiene problemas de movilidad y todo eso impacta en la renta de la familia". Por eso, la manutención estipulada por el juez "permite tener un sueldo mensual que le da condiciones a la gente para seguir sobreviviendo (…) y discutir un proceso de reparación que es bastante largo", explicó Maso.
Antes del 20 de febrero, entre el MAB y Vale habían mantenido cinco reuniones previas para coordinar las medidas de emergencia que la empresa iba a tomar para resarcir a los damnificados de Brumadinho, pero se habían negado a brindar subsidios económicos por los daños causados y solo ofrecían "donaciones".
Más: Gobierno de Brasil obliga a cerrar todos los diques mineros como el de Brumadinho
El acuerdo judicial de Brumadinho estipula además una asesoría técnica independiente de la empresa para identificar quiénes están en situación de emergencia.
La comunidad de Mariana aún está buscando que Vale se responsabilice de lo sucedido, pero no ha logrado un acuerdo judicial similar al de Brumadinho.
"Han pasado tres años y no hemos tenido asesoría técnica, hay gente que no ha tenido acceso al sueldo mensual, a la manutención, y las comunidades tienen necesidades muy concretas: agua, comida", agregó.
El Gobierno de Jair Bolsonaro anunció la fiscalización de las 3.386 presas a lo largo de Brasil, de las cuales por lo menos un tercio han sido clasificadas como de alto riesgo.
También: El Gobierno de Brasil pide "castigar" a los responsables de la tragedia en Brumadinho
