"Yo hice de enlace, de intercesor, entre las realidades de bloqueo que se estaban manifestando", aseguró Urkullu, que este 28 de febrero declaró como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra doce líderes del independentismo catalán.
La votación de la declaración de independencia se produjo después de que Carles Puigdemont descartara convocar elecciones para evitar la inminente aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte de Rajoy para tomar control de la comunidad autónoma y cesar al Gobierno catalán.
"Yo no podía ofrecer garantías, pero transmití a Puigdemont mi intuición, que se basaba en la posibilidad de que, si se convocaban elecciones, no se aplicaría el 155", relató Urkullu.
El presidente vasco dice que Rajoy no le ofreció una "respuesta taxativa" al respecto, pero él tenía "la intuición de que Rajoy no era muy dado a la aplicación del 155".
De acuerdo con el testimonio de Urkullu, Puigdemont descartó la convocatoria electoral condicionado por "presiones" desde los partidos independentistas y por las manifestaciones que se produjeron en Cataluña pidiendo avanzar en el proceso independentista.
Pese a que tanto Rajoy como Puigdemont justifican el choque institucional acusándose mutuamente de falta de voluntad de diálogo, Urkullu afirma que las dos partes mostraron una actitud de "atención y escucha" sobre las posibles vías de resolución.
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Además de Urkullu, este 28 de febrero también declararon ante el Tribunal Supremo algunas personalidades destacadas de la política catalana, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el diputado independentista Gabriel Rufián, del partido Esquerra Republicana de Cataluña.
Por un lado, Gabriel Rufián afirmó que las manifestación del 20 de septiembre de 2017 frente a un edificio gubernamental en el que se realizaban registros policiales para detener el referéndum fue completamente pacífica.
Según el relato de las acusaciones, el 20 de septiembre es uno de los hechos clave del juicio.
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Las acusaciones argumentan que las más de 60.000 personas que se reunieron frente al edificio impidieron a los agentes y a los funcionarios judiciales llevar a cabo los registros con normalidad por el carácter "tumultuario" e "intimidatorio" de la protesta, lo que es utilizado para justificar acusaciones por rebelión y sedición.
"Me chirría que se dijera que aquello era una rebelión o un tumulto peligroso, porque yo fui a comer, yo fui a merendar y yo creo que en una revolución a merendar va poca gente", dijo Rufián.
Por su parte, Ada Colau reconoció que el 1 de octubre de 2017 se produjeron actos violentos, pero achacó toda la responsabilidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Tras las declaraciones de Colau y Rufián llegó el turno de Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior de España durante la celebración del referéndum, que ofreció una visión alternativa de los hechos.
Zoido afirmó que durante la jornada del 1 de octubre hubo "resistencia activa" y "organizada" por parte ciudadanos que actuaron como "murallas humanas" para defender los centros de votación ante los cuerpos de seguridad, que tenían órdenes judiciales de impedir la consulta.
"No se cumplió la orden del juez, era imposible ante los auténticos escudos humanos que se habían formado", dijo el exministro.
Desde el pasado 12 de febrero se celebra en el Tribunal Supremo el juicio contra doce líderes políticos y sociales del independentismo catalán, que afrontan distintas acusaciones por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Para el resto de los acusados, las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del estado oscilan entre los 7 y los 17 años de prisión.
Por otro lado, la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, considera que el independentismo catalán funcionó como una "organización criminal" y por ello solicita penas que van desde los 24 a los 74 años de prisión para todos los acusados.