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"Autoridades mexicanas deben condenar a policías implicados en desaparición de 5 jóvenes"

© AP Photo / Alexandre MeneghiniPolicías mexicanos
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El próximo reconocimiento de "responsabilidad y disculpa pública" que presentará el Gobierno del estado mexicano de Veracruz por la desaparición forzada de 5 jóvenes en enero de 2016, debe conducir al castigo de los policías involucrados, dijo la abogada Sofía de Robina, que representa a las familias de las víctimas.

"Una de las principales exigencias de los familiares es que se procese y sanciones a los policías que están siendo investigados, y a la cadena de mandos que podrían tener responsabilidad en los hechos", dijo la abogada del jesuita Centro de Derechos Humanos "Agustín Pro Juárez S.J.", que colabora en el caso.

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La jurista señaló que, en particular, "se debe establecer la responsabilidad de quien era titular de la secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez", durante el mandato del gobernador Javier Duarte (2010-2016), actualmente en prisión por multimillonario peculado.

El 11 de enero de 2016, los cinco jóvenes, cuatro hombres y una mujer, que habían viajado a celebrar un cumpleaños en el Puerto de Veracruz, en las costas del Golfo de México, viajaban en una camioneta hacia Playa Vicente, de donde eran originarios.

Tras una parada en una estación de gasolina en Tierra Blanca, unos 100 kilómetros antes de su destino, fueron detenidos arbitrariamente por policías estatales locales, posteriormente desaparecidos y ejecutados, en complicidad con delincuentes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según las investigaciones.

La abogada dijo a esta agencia que "la principal medida que exigen las familias es la impartición y aplicación de la ley a los agentes de la policía y presuntos delincuentes, que están siendo procesados por desaparición y delincuencia organizada".

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Los imputados son ocho policías que se encuentran detenidos y 13 presuntos integrantes del CJNG, la segunda organización criminal más poderosa de este país, después del Cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, recién condenado en un tribunal de Nueva York, EEUU.

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Otro defensor de las familias de los cinco jóvenes, dedicadas a comercio en Playa Vicente, a orillas de un afluente del río Papaloapan de Veracruz (este), ha presentado otra denuncia por delitos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "porque los agentes habían reprobado los controles de confianza de la policía, sin embargo los mantuvieron en sus cargos", dijo la abogada De Robina.

"El tema central es la disculpa, pero las familias sin duda estiman la posibilidad de poner en el centro a sus hijos y restablecer su prestigio moral, porque en su momento fueron criminalizados tras ser asesinados", prosiguió la defensora.

Después de que fueron entregados al cartel narcotraficante, los muchachos permanecieron desaparecidos durante cuatro días, mientras las madres y familiares exigían en medios de comunicación que las autoridades se movilizaran para encontrar a sus hijos. 

Complicidad de policías y criminales

El 15 de enero del 2016, el entonces subsecretario federal de Derechos Humanos, Roberto Campa, confirmó que los cuerpos fragmentados fueron hallados en una fosa clandestina en el rancho El Limón, ubicado en Tlalixcoyan, Veracruz, a 60 kilómetros del lugar del secuestro.

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Posteriormente fueron identificados con estudios genéticos.

Sin embargo, más de dos años después, en septiembre de 2018 las autoridades admitieron que los asesinos eran agentes del Estado, y la Fiscalía de Veracruz ordenó la aprehensión de los policías.

"Es una oportunidad para recuperar la dignidad de sus hijos y familiares", dijo la jurista defensora de víctimas de abusos de las autoridades.

"Las autoridades están obligadas a realizar las acciones de seguimiento y procuración de justicia, que culminen en una condena de los responsables" intelectuales y materiales, estimó la abogada.

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El perdón de las familias que pedirán las autoridades "es solo una parte de las medias de reparación integral, que significa la pérdida de sus familiares", reconocidos ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, apuntó.

En cuanto a la reparación económica no hay un monto establecido; sin embargo se espera que las autoridades utilicen criterios de compensación establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recomendaron la disculpa pública al actual gobierno de Veracruz.

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El acto es una forma de visibilizar los asuntos pendientes y los abogados estiman que una eventual reparación económica no sea pública, porque ponen en riesgo a las familias, vulnerables ante el crimen organizado.

Además, algunas familias no están dispuestas a recibir pagos que subestiman la incalculable pérdida irreparable de sus hijos.

El acto al que asistirán autoridades federales se realizará el 4 de marzo en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

De las más de 40.000 personas desaparecidas en los últimos 12 años, más de 7.000 son buscadas en Veracruz.

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