Se "presentó hoy ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 16 personas por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, en el denominado caso Fraude sobre el Gualcarque", indica el texto de prensa.
Esa evidencia indica que los acusados habrían cometido diversos delitos contra la administración pública para lograr que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) fuese beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque, con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
Además, un contrato de suministro de potencia y energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y con el contrato de operación para la generación, transmisión y comercialización de Energía Eléctrica entre la Serna y Desa y el contrato número 043-2010 de suministro de potencia y energía eléctrica firmado el 3 de junio de 2010 entre la ENEE y DESA.
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Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada a balazos en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
Antes de ser asesinada, Cáceres denunció el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de DESA, por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
