"Tengan presente que volveremos a votar", señaló Torrent, que este lunes compareció como testigo ante el Tribunal Supremo, donde están siendo juzgados doce líderes independentistas por la posible comisión de delitos en el proceso soberanista que llevó al referéndum del 1 de octubre de 2017.
El interrogatorio a Torrent estuvo centrado, sobre todo, en responder cuestiones relativas al funcionamiento del Parlamento de Cataluña.
Su predecesora en el puesto, Carme Forcadell, se sienta en el banquillo de los acusados en este juicio, en el que afronta una petición de 17 años de cárcel por parte de la Fiscalía por un delito de rebelión y otra de 10 años por un delito de sedición por parte de la Abogacía del Estado.
Según el relato de las acusaciones, Forcadell fue una pieza clave del proceso soberanista al permitir la tramitación y votación de distintas resoluciones que formaban parte de la estrategia independentista, como las llamadas leyes de "desconexión", destinadas a dar cobertura legal al referéndum y a sentar las bases de un futuro proceso constituyente.
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A su modo de ver, la mesa del Parlamento de Cataluña "no es un órgano censor" y, en consecuencia, "no se puede inadmitir una iniciativa parlamentaria".
"Cualquier presidente del Parlament que lo hiciera censuraría la capacidad y representación política de los grupos y nunca puede limitar o censurar esta libertad de expresión", añadió.
Sin embargo, este relato fue contrarrestado por otros testigos, entre los que destacó la declaración de Antoni Bayona, exletrado mayor del Parlamento catalán.
"Me parecía evidente que había un deber de no admitir y no tramitar", afirmó Bayona, subrayando que las autoridades de la Cámara habían sido previamente advertidas por el Tribunal Constitucional al respecto.
El número dos del ministerio del Interior de España durante la celebración del referéndum, José Antonio Nieto, defendió ante el Tribunal la actuación de los cuerpos policiales españoles, pero no así de los catalanes.
De acuerdo con su testimonio, los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) “no tenían el más mínimo interés” en coordinarse con el resto de cuerpos, por lo que acabaron siendo “ausentes e ineficaces”.
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De hecho, Nieto llegó a afirmar que la pasividad de los Mossos era condición necesaria para que se llevase a cabo la consulta, contra la que los cuerpos y fuerzas de seguridad tenían órdenes de actuar.
Desde el pasado 12 de febrero se celebra en el Tribunal Supremo el juicio contra doce líderes políticos y sociales del independentismo catalán, que afrontan distintas acusaciones por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Entre los acusados destacan figuras como Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán, para el que la Fiscalía pide 25 años de prisión por delitos de rebelión y malversación.
Para el resto de los acusados, las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del estado oscilan entre los 7 y los 17 años de prisión.
Por otro lado, la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, considera que el independentismo catalán funcionó como una "organización criminal" y por ello solicita penas que van desde los 24 a los 74 años de prisión para todos los acusados.
