"Es de común conocimiento que en algunos centros los agentes de la autoridad procedieron a requisar urnas y papeletas sin incidente alguno y en otros en cambio se empleó una desmesurada violencia", razonan los magistrados de la Audiencia en un auto emitido este 5 de marzo.
El juez instructor de la causa había ordenado su sobreseimiento asegurando que la falta de grabaciones de vídeo en los que puedan observarse las agresiones impide conocer qué agentes cometieron agresiones.
Sin embargo, los magistrados de la Audiencia discrepan argumentando que "la inexistencia de material videográfico no puede impedir una completa investigación de lo acaecido".
En su auto, los magistrados recuerdan que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tenían órdenes judiciales para impedir la consulta del 1 de octubre, que había sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
En consecuencia, la causa se reabrirá para intentar dilucidar "si el uso de la fuerza venía amparado por el mandato judicial o bien fue desproporcionado e innecesario para el fin perseguido".
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En cuanto a las dificultades logísticas para identificar e imputar a los agentes que cometieron esos presuntos abusos, los magistrados señalan que la investigación debería centrarse en conocer si esa actuación respondió a unas órdenes concretas por parte de los responsables del operativo.
En las últimas fechas, desde el expresidente Mariano Rajoy hasta varios de sus ministros, incluido el de Interior, aseguraron ante el Tribunal Supremo —donde están siendo juzgados 12 líderes independentistas— que la actuación policial fue profesional y proporcionada.
Según datos el Gobierno catalán, un total de 1.066 personas fueron atendidas por los servicios sanitarios tras las cargas policiales durante el referéndum.
Siete de esas personas recibieron un pronóstico grave, destacando el caso de una persona que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma.
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Por su parte, el Ministerio del Interior de España aseguró entonces que los sucesos del 1 de octubre dejaron contusionados a un total de 431 agentes de los cuales —según la prueba testifical de la exvicepresidenta del Gobierno ante el Supremo— 93 fueron atendidos por los servicios sanitarios.
