"La actividad de los Mossos [la policía catalana] fue de pasividad, salvo en algunos casos, en los que la actividad fue mucho más allá de la pasividad e intentaron obstruir físicamente la actuación de nuestra fuerza llegando a darse situaciones delicadas", declaró el coronel ante el Tribunal Supremo, donde compareció durante este 5 y este 6 de marzo como testigo en el juicio del "procés".
Los tres cuerpos tenían órdenes judiciales para impedir la consulta, que había sido declarada ilegal por la justicia española.
En principio, los Mossos tenían la responsabilidad de encabezar ese operativo.
Sin embargo, según el relato del coordinador, la actuación de los Mossos estuvo caracterizada por "la insuficiencia, la inadecuación y la ineficacia".
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En ese sentido, Pérez de los Cobos recordó que algunos agentes, en lugar de impedir la consulta, incluso se ofrecieron para participar en ella, llegando a "sujetar las urnas" a los votantes.
Según el coronel, pese a los disturbios que se produjeron, la actuación de estos cuerpos fue "exquisita" y "proporcionada".
"Nos encontramos una situación de una gravedad bastante mayor de la que inicialmente preveíamos porque dentro de esas murallas humanas había grupos perfectamente organizados", relató el coronel de la Guardia Civil.
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El testigo incluso llegó a afirmar que "en determinados colegios colocaron a niños y a personas mayores como la vanguardia de esos parapetos".
Desde el pasado 12 de febrero se celebra en el Tribunal Supremo el juicio contra 12 líderes políticos y sociales del independentismo catalán, que afrontan distintas acusaciones por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
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La comisión de estos delitos estaría enmarcada en el proceso político que llevó al referéndum del 1 de octubre y a la posterior adopción de una declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña.
Para el resto de los acusados, las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado oscilan entre los 7 y los 17 años de prisión.
Por otro lado, la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, considera que el independentismo catalán funcionó como una "organización criminal" y por ello solicita penas que van desde los 24 a los 74 años de prisión para todos los acusados.
