“Puede haber focos, pequeños grupos muy focalizados, mínimo, menos del 1%, no han podido levantar ningún paro ni ninguna protesta”, dijo López.
El diputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" del país, anunció el 5 de marzo, tras una reunión con los sindicatos, que estos propusieron organizar un paro escalonado de todos los trabajadores de la administración pública para restar apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro,
López dijo que los trabajadores que se sumen a la paralización podrían ser despedidos.
“Esos trabajadores que se incorporen (al paro) van a ser convocados por las instancias respectivas administrativas, ejercerán su derecho a la defensa y si no prueban lamentablemente por qué estaban parados se le aplicará el despido de la administración pública”, dijo.
“Nosotros tenemos afiliados a seis millones de trabajadores cubiertos por las convenciones colectivas del sector público y privado, cerca de 4,5 millones cubiertos por convenciones colectivas, y 1,5 millones por las centrales del sector privado, entonces, después de nosotros no hay más nadie”, indicó.
El pasado 6 de marzo, dirigentes sindicales anunciaron que iniciarían las consultas para definir cuándo se sumarán al paro los distintos sindicatos, como medida de protesta ante la deficiencia en los servicios públicos.
Tabla salarial
En septiembre de 2018, el Gobierno aprobó una tabla salarial para los trabajadores de la administración pública anclada a la criptomoneda petro, asegurando que superaba el salario del contrato colectivo que los empleados tenían anteriormente.
En ese entonces, trabajadores de varias áreas del sector público rechazaron la medida, al considerar que desmejoraba a todos los empleados.
López defendió la tabla aprobada por el Gobierno de Maduro y dijo que permitió ajustar las diferencias que existían con los salarios de los altos cargos.
López aseguró que denunciará ante la fiscalía a Guaidó, por supuestos delitos contra la nación.
“Los trabajadores acordamos entregar un escrito al fiscal general con denuncia formal de todos los delitos que ha cometido Guaidó, ahora la fiscalía tiene toda la autonomía para decidir el momento correcto”, sostuvo.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, dijo a Sputnik que el paro escalonado del sector público que convocó la oposición venezolana no tendrá éxito, porque no cuenta con el respaldo de los trabajadores.
"La clase obrera venezolana les respondió, a ellos (los sindicatos de oposición, que) no tienen ninguna posibilidad para este país, ni en el sector público, ni en ningún sector de este país (…) la clase obrera es la que está dirigiendo ese combate y no va a permitir que haya una paralización ni escalonada, ni de ningún tipo", expresó el funcionario.
El ministro manifestó que los que llaman al paro no representan a los trabajadores sino que por el contrario son dirigentes de derechas que buscan hacerse pasar por sindicalistas.
"Representan muy poco desde el punto de vista cuantitativo de los trabajadores del pueblo venezolano, esos sí son "adecos" (como se conoce a los militantes del partido opositor Acción Democrática), son de la derecha, son dirigentes políticos de la derecha que tienen pretensiones sindicalistas", sostuvo.
Guaidó fue elegido el 5 de enero como titular de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral en desacato desde 2016), pero el 21 de enero el Tribunal Supremo anuló esa designación.
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El legislador, que ha llevado adelante una campaña internacional de presión contra el presidente Maduro, es investigado por la fiscalía por presunta usurpación de funciones.
Tras autoproclamarse como presidente encargado el 23 de enero, apelando a un artículo constitucional, Guaidó fue reconocido por unos 50 países, pero su declaración fue calificada por Maduro como un intento de golpe de Estado orquestado por EEUU.
