"El trámite de estas cuestiones no compromete para nada la paz ni mucho menos causa una herida a la JEP (Jurisdicción Especial de Paz)", dijo en un comunicado el fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez.
Según Martínez, la decisión de objetar seis de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP "constituye una valiosa oportunidad para que, bajo el liderazgo del jefe del Estado (Iván Duque), los distintos sectores de la vida nacional procuren un consenso al respecto".
En ese sentido, señaló que la Fiscalía contribuirá al análisis de estos asuntos desde el Congreso de la República, que deberá revisar los seis artículos objetados por el Gobierno.
Por su parte, el procurador General, Fernando Carrillo, consideró que "objetar la JEP abre un debate inoportuno e inútil desconociendo el rol de la Corte Constitucional, cuando ella será quien termine de todas maneras resolviendo este problema".
Carrillo, quien se pronunció al respecto en un acto público difundido en redes sociales, señaló que "la ruta propuesta por el presidente conduce a agudizar la fractura política en la que se encuentra Colombia".
En la noche del 10 de marzo, en una alocución televisada, Duque anunció que su Gobierno objetó los seis artículos por considerarlos inconvenientes
La JEP (tribunal de paz creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto armado) ha recibido desde su puesta en operación —hace un año— a más de 13.465 comparecientes, entre miembros de la exguerrilla de las FARC y la Fuerza Pública, quienes han recibido algún tipo de beneficio penal, entre los que se destacan las libertades transitorias o anticipadas.
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Sin embargo, la ley estatutaria de la JEP, es decir, la norma que establece mecanismos claros para hacer seguimiento a los casos y evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición, permanece congelada a la espera de que Duque la sancione, pese a que la Corte Constitucional ya le dio su aval en 2018.
