El diputado Jesús Alcántara informó que "todos los 32 congresos locales han dado su aprobación a esta reforma constitucional sobre Guardia Nacional con el objetivo de acabar con la inseguridad y la violencia en México".
El proyecto fue regresado al Senado para su pronunciamiento final y luego será promulgado por el presidente
Después de la declaratoria senatorial culminará el complejo proceso legislativo, que ha durado tres meses, para que López Obrador pueda promulgar la ley.
El Congreso deberá a su vez expedir las leyes reglamentarias secundarias de la nueva corporación, que contará con unos 50.000 efectivos, para regular su accionar con respeto a los derechos humanos.
Te puede interesar: México busca aumentar su autonomía militar en la fabricación de armas
Para ello, los legisladores tienen un plazo de 60 días naturales a partir de la firma del decreto presidencial, para que el proyecto entre en vigor en un plazo de 90 días naturales, informó la Cámara.
Asimismo, se aprobó la prisión preventiva inmediata para nuevos delitos graves de corrupción, peculado, extorsión, robo de combustible y encubrimiento, para los cuales los legisladores deben todavía expedir las leyes secundarias correspondientes.
"Con la Guardia Nacional vamos a tener más elementos, más presencia en el territorio; lo celebro y agradezco el apoyo del Poder Legislativo", dijo el mandatario.
La aprobación en todas las legislaturas de los 32 estados de la federación mexicana otorga una "legitimidad inédita" a la nueva Guardia Nacional, que es parte del "plan nacional de paz y seguridad", recordó el presidente.
Más aquí: Varias ONGs de DDHH entregan al Gobierno propuestas para verdad y justicia en México
La Guardia Nacional quedará bajo el mando de la cartera federal de Seguridad Pública y no de la Defensa, en una coordinación federal civil, pero no bajo un Estado Mayor castrense, como propuso originalmente López Obrador.
Mientras tanto los 32 estados estarán obligados a presentar informes anuales de la reconfiguración de sus policías estatales y municipales, otra disposición que fue añadida al proyecto original.
La seguridad pública es el mayor desafío de López Obrador, tras una década de guerra frontal contra el crimen organizado que ha costado al país más de 200.000 vidas, más de 40.000 desaparecidos, 28.000 cuerpos sin identificar y más de 1.100 fosas clandestinas localizadas.
