El fiscal general de Venezuela promete castigar a quienes cometan crímenes de odio

"Acabo de conversar con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, sobre el grave tema de la escalada peligrosa de los crímenes de odio contra varios ciudadanos… Informo que con las pruebas recabadas, el Ministerio Público aplicará todo el peso de la ley", contra quienes cometan esos delitos, escribió el 20 de marzo en Twitter, en un mensaje reseñado este 21 de marzo por la prensa local.

​Cabello requirió, durante una sesión de la Constituyente, la creación de dos comisiones en ese órgano para recibir las denuncias de delitos contra el odio y entregarlas al Tribunal Supremo de Justicia y a la fiscalía.

Durante la sesión del 19 de marzo, la alcaldesa Batzabeth Gandica, del municipio San Judas Tadeo, situado en el estado Táchira (oeste), en la frontera con Colombia, denunció que el 9 de marzo su vivienda en la que se encontraba su madre y sus hijos fue asediada e incendiada por grupos afectos a la oposición.

El 20 de marzo la fiscalía informó que cuatro personas fueron detenidas por estos hechos.

Madelein García, periodista del canal venezolano Telesur, denunció durante esa sesión que había sido víctima de amenazas, al igual que la presidenta de ese medio, Patricia Villegas.

Las amenazas habrían ocurrido tras publicar vídeos y mensajes en las redes sociales sobre lo que ocurrió en la frontera entre Colombia y Venezuela los días 22 y 23 de febrero, cuando grupos opositores intentaron ingresar por la frontera cerrada cargamentos con medicamentos y alimentos donados por Estados Unidos y otros países.

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La fiscalía también aseguró el 18 de marzo que investiga la muerte de tres indígenas de la etnia pemón en el municipio Gran Sabana, ubicado en el estado Bolívar (sur), quienes apoyaban el ingreso de estos camiones por la frontera con Brasil y recibieron impactos de bala durante una protesta.

Los indígenas de esa etnia han señalado como responsables de estos crímenes a funcionarios de la Guardia Nacional (componente de la Fuerza Armada).

Sin embargo, Cabello aseguró que las evidencias recabadas en el sitio evidencian que las armas usadas no pertenecían a militares.

A un mes de estos sucesos, la fiscalía no ha ofrecido detalles de la investigación, ni hay reporte de detenidos.