Nancy Saavedra salía de hacer sus compras en la Central de Abastos de la ciudad de México, cuando seis oficiales del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México, una empresa conocida por sus siglas, Cusaem, la abordaron diciéndole que había ella sido acusada del robo de 2.000 pesos (106 dólares).
El caso que Nancy Saavedra denunció en diálogo con Sputnik ocurrió el 8 de julio de 2018. Sin orden judicial y con una supuesta querella de dos personas anónimas, Saavedra fue arrestada por los oficiales de Cusaem en un módulo policial del que prefirió no brindarse mayor referencia.
La mujer denunció que allí fue torturada por los guardias privados hasta que accedió a firmar una declaración en la que se asumía culpable del robo que nunca existió.
Una nota médica que forma parte del expediente indica que tres días después —el 11 de julio- Saavedra presentaba lesiones que demostraban que había sido sometida a tratos crueles: tenía un esguince en las vértebras cervicales, dolor en el abdomen, heridas en la cara, pubis, espalda y tibias.
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Después de dos días sufriendo patadas, descargas eléctricas y humillaciones, y una vez que los 2.000 pesos llegaron a manos de los policías privados, Saavedra fue dejada en libertad. Para obtener este dinero, una persona que gana el salario mínimo en México debe trabajar unas 20 jornadas.
Mucha tropa
Según un informe encargado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de México al Centro Robert Strauss Center para la Seguridad y el Derecho Internacional, de la Universidad de Austin (Texas), el mundo de la seguridad privada ha crecido más en México que las policías regulares.
En 2006, cuando este proceso comenzaba, México sancionó la Ley de Seguridad Privada que estableció un registro nacional de las compañías que ofrecían estos servicios. La normativa lo encomendaba a la Dirección General de Seguridad Privada, en el ámbito de la CNS, para recabar y resguardar la información que cada mes debían enviar las autoridades de cada Estado de la República.
Para octubre de 2017, las autoridades llevaban un registro de 4.587 empresas de seguridad privada en los distintos Estados de la República, de los que sobresalían la ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México y Jalisco. Las empresas de seguridad privada crecieron más en zonas muy activas económicamente, en el norte y centro del país.
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El informe oficial señala que esa cifra está inflada, porque el listado incluye empresas que se cuentan dobles o triples, ya que cada rama de una misma firma se agrega como un dato independiente. El número depurado estaría más cerca de las 3.000 empresas regulares.
La cifra oficial tiene una cara oscura que va del 40 al 75% del total de los proveedores que están en la informalidad, por lo que las cifras serían mucho más altas.
Lo mismo ocurre con el total de guardias privados actuantes en México, que según distintas fuentes citadas en el informe oficial, oscilarían entre los 450.000 y 600.000 efectivos.
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El informe, publicado en abril de 2018, indica que los guardias de seguridad privados superarían al número de policías existentes en 2017, que de acuerdo con el Inegi son unos 330.000 efectivos.
Otro detalle que se señala de esta dinámica de crecimiento exponencial de las empresas privadas de seguridad es que son el destino natural de muchos policías y militares, una vez que dejan de servir en las filas públicas.
Sin justicia ni garantías
Estas empresas y sus guardias han sido acusadas de múltiples delitos mientras cumplían sus funciones de seguridad pública, algo que está en el centro del debate. El caso de Saavedra demuestra cómo la impunidad reina también para los delitos que cometen los guardias privados. Que, en la situación descrita, estaban al servicio del Estado..
El hostigamiento comenzó en cuanto se atrevió a denunciar lo sucedido, indicó la víctima de este abuso de Cusaem. De hecho, dijo, fue amenazada al salir de las instalaciones policiales.
"Me dijeron que si denunciaba me iban a desaparecer, tomaron mis datos personales, fotos, todo. Ellos saben donde vivo. Pusieron medidas cautelares, pero los policías sólo llegan a que les firme una hoja y se van. ¿Cómo sé que ellos mismos no me van a entregar a sus compañeros? No tengo seguridad real", alertó
Verónica Berber, la abogada que la defiende frente a los abusos recibidos, dijo a Sputnik que en este caso puede identificarse un secuestro extorsivo, en que se fabrica un delito inexistente para lograr el beneficio económico de quienes la detuvieron y torturaron.
"Vemos que el Gobierno tiene la responsabilidad de vigilar a esta corporación y si no, hay consentimiento en estas prácticas de privación de libertad, abuso de autoridad y tortura", dijo la abogada, insistiendo en la responsabilidad de los funcionarios del Estado de México, que han contratado a esta empresa y la han mantenido, incluso, cuando rompen la ley.
