"No vamos a detenernos, ni vamos a claudicar: la lucha de la UES es legítima", aseguró Arias a esta agencia, a propósito de la marcha del miércoles de miles de salvadoreños desde diversos puntos de la capital hasta la sede legislativa.
El académico aseguró que la marcha se realizó de manera pacífica hasta que llegó al Palacio Legislativo, cerrado y rodeado con alambradas por orden del presidente de la Asamblea, Norman Quijano, quien suspendió la plenaria programada para la jornada.
Para Arias, la decisión de Quijano fue una "provocación", pero advirtió que el exalcalde de San Salvador y diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) tendría que "suspender las sesiones de aquí a diciembre, porque no vamos a claudicar".
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El estudiantado reaccionó a la decisión de Quijano y a la presencia de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil (PNC), y tras un altercado que dejó varias ventanas rotas y vehículos dañados, fueron detenidos dos estudiantes.
"Los acusan de generar daños a la propiedad privada y estatal, pero exigimos que se individualicen esos daños y se siga el debido proceso", aseguró Arias.
Una Ley General de Aguas impulsada por los movimientos sociales, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (izquierda) y sectores académicos lleva años estancada en el Legislativo, con 92 artículos ya aprobados, por la falta de consenso sobre la gestión del recurso.
Tras meses sin sesionar, la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea aprobó, sin los votos del FMLN ni de un diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (derecha), un ente rector dominado por el sector privado.
El ente incluiría a tres actores del sector público (los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la UES) y a cuatro representantes del sector privado (Consejo de Alcaldías, las Juntas de Agua, los productores agropecuarios y los industriales).