"La semana que viene se presentará una querella por un presunto delito de prevaricación de este organismo", informó el Gobierno catalán a través de un comunicado.
Además, este mismo 22 de marzo, el presidente catalán presentará un recurso contencioso administrativo contra las decisiones de la Junta Electoral Central, para demandar la "suspensión inmediata de sus acuerdos".
En su resolución, la JEC recordó que la simbología independentista es legítima, pero señaló que los edificios públicos deben mantener una "rigurosa neutralidad política", especialmente estando tan cerca las elecciones generales del próximo 28 de abril.
Pese a la resolución, el Gobierno catalán se negó a retirar los símbolos independentistas hasta este 22 de marzo, manteniendo durante semanas un pulso por el cual la JEC denunció a Quim Torra ante la Fiscalía por la posible comisión de un delito de desobediencia.
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En opinión del Gobierno catalán, las resoluciones de la JEC son "manifiestamente injustas y arbitrarias".
De esta manera, el Ejecutivo catalán denuncia el hecho de que el partido ultraderechista Vox se encuentre personado como acusación popular en el juicio del 'procés', donde se juzga a doce líderes independentistas por la presunta comisión de delitos en el proceso político que llevó al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.
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La portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, reaccionó a los anuncios realizados por Torra afirmando que España es "un sistema garantista" y, en consecuencia, al presidente catalán le asiste "el derecho de poder acudir a los tribunales" cuando así lo considere.
No obstante, la ministra portavoz destacó que, mientras las órdenes de la Junta Central Electoral sigan vigentes, el Gobierno catalán está obligado a acatarlas.
